Laura Lázaro Toza, investigadora principal de Cambio Climático del Real Instituto Elcano, ha dibujado en su intervención durante la Conferencia Inmobiliaria organizada por Planner en el marco del Salón Inmobiliario de Madrid (SIMA), el escenario post cambio climático y las exigencias y oportunidades que se abren al sector inmobiliario, tras el acuerdo de París y Marraquech.
La investigadora ha recordado que desde hace 800.000 años, las concentraciones de CO2 nunca han sido tan elevadas, y que, en materia de emisores, Asia, liderada por China, junto a América del Norte y Europa, por este orden, son también causantes de un amplio volumen de emisiones; el Acuerdo de París consolida a las ciudades como actores fundamentales en el combate al cambio climático, habida cuenta que son las que con mayor efectividad pueden involucrar a las comunidades locales, sus hogares y negocios.
En cuanto al sector inmobiliario, Lázaro ha afirmado que las dos terceras partes de estas emisiones vienen del sector, y que a mediados de 2050, deberían reducirse en un 30%. ¿Cómo? «Debemos controlar desde el sector las emisiones de gases, cómo construimos, cómo tratamos residuos, cómo usamos la energía dentro de los edificios», ha desgranado la experta. Lázaro ha explicado que los efectos del cambio climático llevan aparejados riesgos físicos, regulatorios, tecnológicos, de mercado para el sector inmobiliario, y ha puesto ejemplos como Miami, donde se están dando hipotecas limitadas a quince años de plazo para inmuebles que se sitúan en zonas con riesgo potencial de inundación. Los efectos perniciosos para el sector se traducen en retrasos en la construcción, aumento de costes, variación en las temporadas de construcción, aumento de las reparaciones, variaciones en el diseño hacia un producto más resiliente….
En la lucha con el cambio climático, las ciudades desempeñan un papel clave, ya que una buena parte de las áreas de acción están a cargo de sus gobiernos, como el ordenamiento sustentable del territorio. En el Acuerdo de París, se tomó un compromiso concreto para conservar los bosques, que sirven como sumideros de carbono, los cuales se encuentran presionados por el crecimiento de las zonas urbanas; ello tendría que impulsar a la consolidación de los centros de población como una política prioritaria en materia de cambio climático.
Los gobiernos de las ciudades suelen también tener a cargo la prestación de servicios esenciales como el suministro de agua potable, el alumbrado público, la gestión de los residuos y el transporte público. Al respecto, en el informe del IPCC se destacan los resultados positivos producidos mediante las políticas y normas de eficiencia energética. Sobre los Acuerdos de París, la investigadora los ha resumido en que «vamos a tener una legislación tanto europea, como nacional, sobre cambio climático, que tendrá su reflejo en la construcción; hay que recordar que en 2030 el cien por cien del territorio debería estar cubierto por planes de adaptación». «Es una carrera de largo plazo, pero necesaria», ha concluido su conferencia.
