viernes, 21 noviembre 2025
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Reyal Urbis ve una nueva vía para que su concurso salga adelante

Increíble, pero cierto. El mismo juzgado, el número 6 de lo Mercantil de Madrid, que en septiembre de 2015 rechazaba la propuesta presentada por la inmobiliaria Reyal Urbis para salir del concurso, ha estimado parcialmente el recurso de reposición interpuesto por la sociedad presidida por Rafael Santamaría y, por tanto, se admite a trámite la propuesta de convenio presentada por ésta.

El auto el próximo 31 de mayo como fecha límite para obtener adhesiones de los acreedores, tanto de Hacienda -su principal acreedor- como del resto de entidades financieras.

Reyal Urbis presentó voluntariamente concurso de acreedores en febrero de 2013, protagonizando la segunda mayor quiebra del momento en España, después de otra inmobiliaria, Martinsa Fadesa. La compañía promotora atesoraba en ese momento una deuda cercana a los 4.000 millones de euros.

En estos cuatro años de concurso, Reyal Urbis acumula unas pérdidas de más de 1.812 millones de euros (tan sólo en 2016 perdió 156 millones). Durante este periodo, la compañía no sólo no ha reducir su deuda sino que ha ido aumentándola hasta superar los 4.647 millones de euros (a 31 de diciembre), a los que hay que sumar unos fondos negativos de más de 3.433 millones.

La judicialización del concurso de Reyal Urbis tiene su origen en el rechazo del Juzgado de lo Mercantil al convenio de acreedores que la inmobiliaria presentó en febrero de 2015 para atender el pago de la deuda de 3.514 millones de euros que actualmente soporta y poder eludir la liquidación.

En dicho plan, la compañía, que figura como uno de los principales morosos de las arcas públicas, planteaba afrontar la deuda de unos 400 millones de que tiene con Hacienda de forma distinta a la que mantiene con la banca.

En concreto, Reyal proponía negociar un acuerdo unilateral con Hacienda sobre un calendario de pago en efectivo a largo plazo. De su lado, a los bancos les ofreció una dación en pago con activos inmobiliarios que contemplaba quitas del 80%.

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