Duplicar en un plazo de 10 años el parque público en alquiler sobre el que disponemos en la actualidad. Así de rotundo lo ha expuesto, en su primera comparecencia pública en el Parlamento Vasco, el consejero de Medio Ambiente, Planificación Territorial y Vivienda, el socialista Iñaki Arriola.
También adelantaba su compromiso de promover el desarrollo normativo de la Ley de Vivienda del País Vasco aprobada en 2015 y que hasta la fecha solo ha avanzado en uno de los 40 reglamentos necesarios.
El alquiler es la vía a seguir, entre otras razones, porque la ciudadanía así lo requiere, y el consejero tiraba de números para reforzar su objetivo. En el tercer trimestre de 2016, el porcentaje de solicitudes en alquiler público alcanzaba el 81,4% en alquiler frente al 18,6% en compra.
Por eso el consejero se ha comprometido a que el 80% de recursos en materia de vivienda se destinen a políticas de alquiler, no siendo inferior a ese porcentaje el volumen de protección pública. Además, ha añadido que dentro de cinco años, ese esfuerzo por el alquiler público deberá ampliarse al 100% de los recursos de su departamento.
Arriola también se comprometía a reiniciar una oferta razonablemente consistente de nuevos alojamientos dotacionales y viviendas protegidas en alquiler. Además, el departamento se centrará en dar nuevos impulsos a los programas de intermediación en el marcado como Bizigune o ASAP.
Todas estas acciones deberán desarrollarse de acuerdo al elemento central y principal prioridad de la Ley de vivienda, que es el reconocimiento del derecho subjetivo a un hogar en el País Vasco. La ocupación legal estable de una vivienda por quienes, no disponiendo de una vivienda digna y adecuada, carecen de los recursos económicos precisos para conseguir. El objetivo inicial del departamento es que en 2025 algo más de 18.000 hogares tengan acceso a ese derecho.
Por otra parte, el también consejero de Medio Ambiente del Gobierno vasco, ha adelantado que su departamento desarrollará, en coordinación con las diputaciones forales, instrumentos de fiscalidad verde e impulsará instrumentos económicos que incentiven la reutilización, el reciclaje y la valoración de los residuos. Su objetivo pasa por transformar una economía líneal de producir, usar y tirar hacia un modelo circular inspirado en la naturaleza.
Arriola ha explicado que el desarrollo de esta norma es uno de los ejes de actuación que pasa por actualizar la legislación medioambiental vasca existente. En su opinión, la nueva Ley general deberá fijar los objetivos de reducción de emisiones e incorporar las medidas normativas para articular la lucha contra el cambio climático.
El consejero entiende que el Medio Ambiente debe concebirse en el País Vasco como un factor de prosperidad y bienestar. De hecho, remarca que ya es considerado un sector económico emergente que debemos convertir en una fuente de oportunidades para la creación de nuevas empresas y generación de nuevos empleos.
