Antes de que finalice el presente mes de septiembre, está previsto que el Tribunal Supremo se pronuncie nuevamente sobre la legalidad del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de Madrid.
Será la enésima vez que lo haga. En esta ocasión para dictaminar la viabilidad legal de revisión exprés que, como consecuencia de otra sentencia contraria del propio Alto Tribunal, obligó al Ayuntamiento a aprobar, en julio de 2013, la revisión parcial del Plan General de 1985 y la modificación parcial de 1997.
Si, como ha ocurrido en tres veces anteriores, el Supremo vuelve a apreciar nulidad, el urbanismo de la capital volverá a sumirse en un nuevo bloqueo, poniendo en duda los desarrollos en marcha o pendientes sobre los que levantar más de 120.000 viviendas.
En 2012, tras la sentencia del Supremo, tanto el Ayuntamiento como la Comunidad de Madrid -bajo la presidencia de Ana Botella e Ignacio González, respectivamente- se pusieron manos a la obra para tratar de dar una rápida solución a la paralización, pero la maniobra de abordar una subsanación rápida chocó con las instancias judiciales.
Al final, el consistorio madrileño se vio obligado a aprobar una revisión exprés del plan general, en julio de 2013, ratificada posteriormente por el gobierno regional el 1 de agosto.
En esa revisión, se justificaba el cambio de clasificación de suelo no urbanizable protegido en determinados terrenos, al entender que «carecen de valores merecedores de tal protección y cuentan con su viabilidad para la transformación».
Todo parecía solucionado, pero la interposición de varios recursos hizo presagiar que esta batalla judicial no había acabado.
Así, aunque el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM), en febrero de 2015, desestimó los recursos que pedían la suspensión y anulación del acuerdo municipal, por el que se aprobó la revisión parcial del Plan General de 1985 y la modificación parcial de 1997, será nuevamente el Supremo el que se pronuncie, de manera inminente, para ratificar la decisión del TSJM o, como ha hecho en anteriores ocasiones, volver a contravenir al tribunal madrileño.
Aunque son varios los procedimientos sobre los que el Alto Tribunal debe pronunciarse en torno al plan general de Madrid, el recurso de casación que pide la nulidad del acuerdo contra la revisión exprés es la piedra angular sobre la que se vertebra toda esta batalla judicial.
