El Ayuntamiento de Barcelona, en su afán por revertir el modelo energético vigente, presentará en el próximo pleno municipal la hoja de ruta a seguir en los próximos años para utilizar energías renovables en lugar de los combustibles fósiles actuales, producir la energía de manera descentralizada y reducir los costes.
Con el nuevo plan, con actuaciones por valor de 130 millones de euros, el consistorio de la Ciudad Condal busca acabar con situaciones de pobreza energética y desigualdad y recuperar la gestión como servicio público. En este sentido, se encuadraría la creación de una comercializadora de energía pública para garantizar el suministro necesario para todas las personas con dificultades y situación de vulnerabilidad.
La comercializadora, que se prevé que esté operativa en otoño de 2018, comprará y venderá la electricidad que produzcan tanto las comunidades de vecinos que tienen placas para autoconsumo y excedente, como la que se genere en instalaciones municipales, como las enormes placas de la plaza del Forum..
Para llevar a cabo este plan se han definido cinco ejes de actuación hasta el 2019. El primer paso es hacer un diagnóstico de la realidad energética municipal y territorial. También es básico desarrollar herramientas para facilitar la mejora energética y el uso racional de la energía en viviendas, edificios y espacio público. Es por ello que hay que promover la eficiencia energética, el autoconsumo y el uso racional de la energía.
También se pondrán en funcionamiento todas las herramientas necesarias para maximizar el potencial de generación renovable local, para lo que sería clave definir un plan para lograr el uso de las azoteas y las cubiertas de los edificios para generar energía eléctrica.
Entre los objetivos concretos del plan figura un ahorro del 10% en el consumo de la ciudad, la reducción de un 10% de gases de efecto invernadero, doblar la producción pública de energía en edificios municipales y aumentar un 10% la que producen los vecinos en sus azoteas.
Barcelona ya fue pionera en 2005 al crear una ordenanza que obliga a cualquier edificio de nueva construcción a instalar placas solares térmicas, para calentar el agua. La medida del ejecutivo presidido por Ada Colau da ahora un paso más y se refiere a las placas solares fotovoltaicas, las que comercializaría el Ayuntamiento.
