Los responsables políticos de Cataluña y de Barcelona han decidido no quedarse de brazos cruzados ante la interposición de recursos de inconstitucionalidad por parte del Gobierno central sobre sus leyes de vivienda.
Y una cumbre, al más alto nivel, con la presencia del presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, y la alcaldesa de la Ciudad Condal, Ada Colau, ha servido para poner en marcha nuevos mecanismos legales que deje sin efectos prácticos las suspensiones derivadas de esos recursos.
El objetivo de la reunión ha sido encontrar una fórmula para afrontar conjuntamente el recurso del Gobierno al Tribunal Constitucional y dar una respuesta de país a todas las cuestiones que quedan suspendidas por el TC y que son de emergencia social.
En este sentido, el presidente Puigdemont, tras la reunión, destacaba que ya se ha empezado a trabajar para establecer una nueva ley que regule todos los derechos que el Gobierno español ha querido limitar. De esta manera, ha asegurado, se podrá dejar sin efectos prácticos la suspensión.
La vía escogida pasaría por sustituir todo aquello que ha sido suspendido y que, además, rrecoja también lo que no se ha anulado. Quieren hacerlo, además, de una manera acelerada. En este sentido, esta misma semana el departamento de Gobernación, Administraciones Públicas y Vivienda de la Generalitat, el grupo promotor de la ILP y el Consejo de la Abogacía de Barcelona iniciarán los trabajos para un proyecto de ley de lectura única, que regule lo que el Gobierno central quiere limitar.
En este marco, también se anunciaban reuniones de las mesas unidas de gestión de desahucios y de pobreza energética, porque, a juicio del presidente catalán, son necesarias soluciones rápidas y de forma coordinada, porque uno de los temores es que haya una ola de desahucios tras el recurso al Constitucional.
En el encuentro no todo fueron posturas favorables. Algunos colectivos criticaron al Gobierno catalán por no haber desarrollado reglamentos y convenios pendientes en los nueve meses en los que ha estado vigente la ley, o que no hubiera convocado desde finales de 2012 las mesas de Desahucios y de Pobreza Energética.
En este sentido, y dado que los artículos referentes a la pobreza energética no han sido recurridos por el Gobierno ante el Tribunal Constitucional, se hacía un llamamiento para su aplicación, implicando a las empresas eléctricas y de gas para evitar cortes de suministros.
