El tema de soterrar las vías del tren de alta velocidad en Valladolid parece el cuento de nunca acabar, y nadie sabe muy bien a qué atenerse. La Junta de Castilla y León, el Ayuntamiento, ADIF y la sociedad Valladolid Alta Velocidad han vuelto a reunirse para intentar acercar posturas.
La primera opción que se ha tratado es la del proyecto base del soterramiento y el momento en el que se encuentra. La segunda se basaría en el primer proyecto pero se sustituiría la tuneladora por muros pantalla y aunque esta opción plantea la ventaja de ir ejecutando el proyecto por fases, no supone ningún ahorro económico.
Por último, la tercera opción, y la más novedosa planteada hasta ahora, dejaría la estación de Campo Grande en superficie y el resto de tramos soterrados. En esta alternativa se esbozan hasta doce opciones de distancia entre túneles con un ahorro máximo de 220 millones.
No obstante, cualquier cambio que se realice sobre el primer proyecto del soterramiento, ya con múltiples estudios y anteproyectos realizados, alargaría los trámites y tendría consecuencias económicas.
Sobre el tema financiero y el plazo del 31 de marzo para abonar la deuda del soterramiento, se están produciendo reuniones lideradas por la Junta de Castilla y León para intentar aplazar el pago. Y, desde el Ayuntamiento, se confía en que las entidades financieras atiendan a las necesidades de aplazar, aunque sería no hasta la fecha deseada por el consistorio vallisoletano (el 31 de diciembre), sino solo por tres meses, hasta el próximo 30 de junio.
Tras el último informe sobre la valoración de los suelos, la operación no es viable tal y como se había diseñado. Las cien hectáreas por las que se preveía ingresar 818 millones valen ahora 397.
Con ese dinero ya no da para pagar el crédito de 400 millones que se ha contraído para afrontar el coste de las obras hechas, y que se ha agotado en su integridad. Y había que haber empezado a devolverlo a partir del 1 de enero de 2016.
Durante el presente ejercicio, solo en intereses del crédito en vigor, hay que pagar 20 millones de euros, de los que cinco corresponderían al Ayuntamiento.
