A las entidades financieras españolas les está costando Dios y ayuda alquiler los pisos que aportaron al Fondo Social de Viviendas. Fueron, primero, casi 6.000, en enero de 2013, y, después, 4.000 más el pasado mes de septiembre, cuya salida no está resultando nada fácil.
Una iniciativa surgida con el objetivo de ofrecer cobertura a aquellas personas que hayan sido desalojadas de su vivienda habitual, después del 31 de diciembre de 2007, por el impago de un préstamo hipotecario a raíz de la crisis actual.
Hasta ahora se han beneficiado de este programa 4.000 familias, y se confía que en esos primeros compases de 2016 pueda finalizar la asignación de las 5.892 viviendas con las que nació el Fondo.
Por eso, para tratar de reactivar el arrendamiento de estas viviendas, 12 de las entidades financieras que aportaron estas viviendas -quedan fuera bancos como el Popular, Unicaja o Barclays- han decidido agrupar en un portal de Internet las 2.116 viviendas disponibles.
Rápidamente hubo respuesta, con el alquiler de 100 pisos de manera casi inmediata, en cuanto los medios se hicieron eco de la noticia comunicada por la Asociación Hipotecaria Española.
La iniciativa se suma a otras muchas que a nivel individual o colectivo han desplegado las entidades financieras a lo largo de estos últimos años, entre las que destacan la suspensión desde noviembre de 2012 de los lanzamientos sobre viviendas habituales de los deudores hipotecarios en riesgo de exclusión.
Según datos del Banco de España (BE), durante los años 2012-2014 las entidades han realizado más de 50.000 daciones en pago de forma voluntaria y se ha refinanciado aproximadamente un 8% del total del crédito para adquisición de vivienda de los hogares con el fin de paliar algunos efectos de la crisis.
En septiembre, con la aportación adicional de 4.000 viviendas, el Gobierno cambió las condiciones de los nuevos solicitantes. Además de los iniciales potenciales solicitantes, que hubieran perdido su vivienda habitual después del 1 de enero de 2008 por impago de un préstamo hipotecario, o familias que no tuvieran capacidad para pagar el alquiler, podrían acogerse al FSV mayores de 60 años y matrimonios o parejas de hecho sin hijos.
Aquel nuevo convenio, firmado entre el Gobierno y 29 entidades financieras, preveía además que al menos el 5% de las viviendas del fondo se destinasen a personas desalojadas de su vivienda por impago de préstamos no hipotecarios.
Ya antes, en mayo de 2014, ante el poco éxito de la operación, se acordó ampliar el ámbito de aplicación del Fondo para dar cabida a un mayor número de familias sin capacidad para afrontar el pago de un alquiler en régimen de mercado.
Con esta modificación se abrió la posibilidad de que las familias se mantuvieran en la vivienda que habitaban aunque la hubieran perdido por una ejecución forzosa y aun después de que hubiera sido adjudicada. También se recogió esta opción para las daciones en pago.
