La constructora FCC y el BBVA pueden seguir mareando la perdiz, echando números sobre los beneficios que podrían obtener en las operaciones Mahou-Calderón y Chamartín, respectivamente.
Pero, mientras esté al frente del Ayuntamiento de Madrid el equipo de gobierno de Ahora Madrid, presidido por Manuela Carmena, ambas operaciones no se harán de acuerdo con los números que, tanto la constructora como la entidad financiera, llevan años, incluso décadas, barajando.
Los responsables municipales de Urbanismo lo pueden decir más alto, pero no más claro. Ninguno de los dos desarrollos se hará en base a los planeamientos que están sobre la mesa. O se cambian de manera radical o no se hacen.
En la última Comisión de Urbanismo, el asunto volvió a quedar meridianamente claro. «El modelo de pagar infraestructuras y todo tipo de costes que implica hacer ciudad con cargo a la edificabilidad no lo compartimos y está fracasado», avisaba, a quien quisiera escucharle, el delegado del Área de Desarrollo Urbano Sostenible, José Manuel Calvo. Y, en este sentido, apostillaba que «estamos revisando todas aquellas operaciones constituidas de este modo, como Chamartín y el ámbito Mahou-Calderón».
En el caso de la ‘operación Mahou-Calderón’, sobre la que FCC -la constructora controlada por Carlos Slim- sería la más beneficiada, al quedarse con toda la edificabilidad a cambio de construir el nuevo estadio de La Peineta, el Ayuntamiento de Madrid trabaja en reducir de manera drástica las 2.000 viviendas contempladas en dos rascacielos de 36 plantas y ocho torres de otras 20.
Así lo reconocía en la Comisión de Urbanismo Juan Carlos Lasheras, director general de Planteamiento y Gestión Urbanística. Se trata priorizar el interés público que integre y mejore el entorno de manera más equilibrada, aseguraba.
Una decisión que va en línea contraria a la modificación de la Ley del Suelo de la Comunidad de Madrid aprobada por el nuevo Ejecutivo presidido por Cristina Cifuentes, que, tras asumir el cargo, una de las primeras medidas que tomó fue, con ese cambio legal, eliminar la limitación de las tres alturas para los edificios de nueva construcción que su antecesora, Esperanza Aguirre, había aplicado.
