La primera reunión oficial entre el presidente de la Generalitat de Cataluña, Carles Puigdemont, y la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, ha servido para que ambas instituciones pacten una unidad de acción para reclamar al Gobierno central algunas infraestructuras, como el traspaso de Cercanías, la financiación del transporte público metropolitano, la reactivación de la nueva estación de La Sagrera o el traspaso de la B-23, de acceso a Barcelona por la avenida Diagonal, con la aportación de fondos para su conservación y la construcción de un carril bus.
Puigdemont y Colau acordaron firmar un protocolo entre las dos administraciones y la Autoridad del Transporte Metropolitano (ATM) para la conexión de las redes férreas del Trambaix y el Trambesós, de cuya propuesta de trazado definitivo se hará cargo el Ayuntamiento de Barcelona una vez conocidos los informes técnicos que se están elaborando. Dos infraestructuras básicas que también permitirán hacer frente a la contaminación
Generalitat y Ayuntamiento también han cerrado un acuerdo sobre la línea L9 de metro, para hacer llegar el subterráneo a los barrios de La Marina y a la Zona Franca, por el que el Ejecutivo catalán reanudará las obras de la Zona Franca para ejecutar este tramo por fases comenzando en 2016, y en el que la alcaldesa se ha mostrado abierta a participar en la financiación.
Otro acuerdo alcanzado pasa por un pacto sobre la TMobilitat, por el que se crea una comisión para garantizar la gobernanza cien por cien pública del proyecto.
También se ha podido identificar a lo largo de la reunión una serie de materias que se tratarán de manera más profunda en el seno de la comisión mixta que se convocará antes del verano, como es el caso del acceso a la vivienda y el desarrollo de la ILP en materia de emergencia habitacional y pobreza energética.
Asimismo, ambos dirigentes han acordado reactivar de nuevo la Comisión Mixta para seguir avanzando en el reconocimiento de la deuda financiera de la Generalitat de Cataluña y establecer un calendario de retorno. Actualmente la cifra gira en torno a los 100 millones de euros. La alcaldesa de Barcelona también planteaba en la reunión que el Plan de Barrios, proyecto que impulsa la ciudad para luchar contra las desigualdades, también reciba el apoyo de la Generalitat.
