La Junta de Extremadura ha querido dejar bien claro el sentido de la aplicación del Protocolo de Desahucio y Lanzamiento en viviendas públicas de su propiedad. Se aplicará en la mayoría de los casos, pero no en aquellos en que se produzcan conductas que puedan perjudicar el derecho a la vivienda de otras personas socialmente desfavorecidas o se haga un uso indebido de las viviendas de promoción pública.
Como conductas asociales, que sí seguirán siendo objeto de desahucios, se incluyen la falta de cumplimiento con las obligaciones establecidas para la convivencia en las comunidades de vecinos, la desocupación de la vivienda, las ocupaciones ilegales o el incumplimiento sobrevenido por ser adjudicatario de este tipo de viviendas al disponer ya de otra vivienda o superar los ingresos exigidos.
En todos los demás casos, el objetivo que se persigue es que los desahucios sean cero para aquellas personas que no pueden pagar. En la pasada legislatura, fueron 1.156 los expedientes de desahucios tramitados en Extremadura sobre viviendas de protección pública.
Con la aplicación del Protocolo se busca ganar en transparencia y en justicia social, ya que las viviendas desahuciadas no se destinarán a engrosar el parque residencial de la Junta, sino para ponerlas al servicio de aquellas personas que lo están necesitando.
El protocolo buscar convertirse en la herramienta con la que canalizar la debida información a los colectivos afectados por los desahucios y a los grupos políticos con presencia a nivel municipal y autonómico, para que en el seno de las Mesa de Seguimiento y Control de ámbito autonómico, en las Mesas de Trabajos Municipales y en la Comisión Parlamentaria competente, pueda debatirse y valorarse las distintas situaciones motivadoras del lanzamiento.
Para coordinar su puesta en marcha, se constituirá una Mesa de Seguimiento y Control que tiene su origen en los permanentes contactos que la Junta de Extremadura ha mantenido con los representantes de los colectivos de consumidores y afectados por los desahucios, como Adicae, PAH, Campamento Dignidad, ONG Mujeres Sembrando o la Asociación para la recuperación de Colorines y Suerte Saavedra.
El documento también recoge la constitución de mesas de trabajo municipales a propósito de los lanzamientos que la Junta de Extremadura pretenda ejecutar en las viviendas de promoción pública en aquellas ciudades que concentran el mayor volumen de viviendas como es el caso de Badajoz, con 2.452; Cáceres, con 1.031; Mérida, con 1.420 y Plasencia, con 592.
