El Tribunal Supremo ha suspendido la liquidación a «El Corte Inglés» e «Hipercor» de 3 millones de euros del impuesto sobre Grandes Superficies Comerciales (IGEC) correspondientes a tres centros comerciales de Cataluña.
El alto tribunal, en dos sentencias, estima la pretensión de dichas empresas y suspende cautelarmente el gravamen girado por la Junta de Finances de Cataluña en 2013, previa prestación de oportuna garantía por los importes correspondientes por parte de los recurrentes.
El motivo de que el Supremo acceda a la suspensión cautelar reclamada, en contra de lo que decidió el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, es la denominada «apariencia de buen derecho» de la reclamación de dichas empresas, basada en comunicaciones del año 2014 a España por parte de la Comisión Europea y la Dirección General de Fiscalidad de la UE calificando dicho impuesto de grandes superficies como incompatible con el ordenamiento europeo.
Las sentencias subrayan que no es la resolución de la pieza de suspensión cautelar el lugar indicado para enjuiciar de manera definitiva la legalidad de la actuación administrativa impugnada. «Ahora bien, la doctrina de que se trata (apariencia de buen derecho) permite valorar la existencia del derecho con carácter provisional, dentro del limitado ámbito que incumbe a los incidentes de esta naturaleza, y sin prejuzgar lo que en su día declare la sentencia definitiva, a los meros fines de la tutela cautelar», añade.
Por la invocada apariencia de buen derecho, a lo que se une el ‘periculum in mora’ también alegado por las empresas, el Supremo accede a la suspensión cautelar solicitada, teniendo en cuenta que la prestación de garantía para cubrir las cuantías liquidadas evita eventuales perjuicios a la Hacienda Pública.
Los establecimientos a los que afecta la suspensión son el «Hipercor» de Cornellá de Llobregat (1,4 millones de euros), y «El Corte Inglés» de Avenida Diagonal 617, de Barcelona (1 millón de euros), y de avenida Francesc Maciá, de Sabadell (680.000 euros).
La finalidad del impuesto sobre grandes establecimientos comerciales tiende a la corrección y a la compensación del impacto territorial y medioambiental que puede ocasionar la concentración de grandes superficies comerciales, y también, a la atención de las necesidades de modernización y fomento del comercio integrado en trama urbana.
Entiende la norma que las grandes empresas de distribución y de venta se benefician de una posición de preeminencia que les permite aumentar su competitividad respecto al pequeño y el medio comercios, incapaces de mantener su cuota de mercado frente a las ventajas que ofrecen al consumidor los grandes establecimientos comerciales.
