La primera multitudinaria reunión de la Mesa de Trabajo sobre la Operación Chamartín ha servido para certificar que, más allá del buen clima de diálogo que el Ayuntamiento de Madrid quiere generar en este asunto, las posturas siguen siendo de lo más antagónicas.
El consistorio no se apea del burro para señalar que, tal y como está planteado el actual proyecto, el Ayuntamiento jamás dará el visto bueno al plan parcial, y desde Distrito Castellana Norte, la sociedad con la que BBVA y San José promueven ahora este ámbito, aseguran que los números son los que son, y que si, como pretende el Ayuntamiento, hay que reducir la edificabilidad, esos números no salen o no en los términos contemplados.
Y, además, los promotores presionan con la idea de que, teniendo en cuenta que no hay márgenes para más prórrogas después del 31 de diciembre de 2016, entienden que no es posible elaborar un nuevo proyecto en el poco más de un año de tiempo que queda para esa fecha.
Los mollares beneficios para el BBVA en esta historia procederían de la venta de las parcelas una vez urbanizadas. Y, claro, como quiera que los gastos serían los mismos -del orden de los 6.000 millones, incluidos los 1.200 por la compra a Adif de los terrenos -, si esa edificabilidad se reduce también lo harían los márgenes de ganancias.
Al margen de los dos grandes protagonistas de esta historia, las aportaciones del resto de invitados a esta primera mesa de debate se ajustaron a lo que se preveía, tanto las de lo que están en contra como los que están a favor.
Entre los que se alinean con el BBVA, Ciudadanos, el Partido Popular y los ingenieros de Caminos, para los que el proyecto contribuirá a mejorar social y económicamente a la ciudad y a cumplir las expectativas de rentabilidad que se han previsto.
En el otro lado, el resto. Los que ven el tema desde un prisma más social relegando el beneficio de la operación a un segundo plano. Una visión en la que, en líneas generales, las asociaciones vecinales y arquitectos inciden en el hecho de que es necesario elevar significativamente el número de viviendas protegidas, darle una vuelta al tema de la movilidad e impedir que se puedan construir torres tan altas como las que recoge el actual proyecto. O sea, ir hacia esa reducción de la edificabilidad por la que aboga el Ayuntamiento y de la que el BBVA no quiere ni oír hablar.
