Las dificultades que conlleva para muchos pequeños ayuntamientos gallegos llevar a cabo la compleja tramitación urbanística tendente a regularizar los núcleos tradicionales del litoral, ha llevado a la Xunta de Galicia a prestar servicio de asesoramiento a 87 de estos concejos para llevar a buen puerto esta regularización amparada por la nueva ley de Costas, con la puesta a disposición de técnicos especialistas.
Un marco legal que recoge, por primera vez, un trámite excepcional para resolver una demanda histórica y propiciar que los núcleos tradicionales costeros puedan ser regularizados. Ya que, al aplicar un régimen de limitaciones en la zona de servidumbre de protección, establecida en 20 metros en el caso de suelo urbano, y en 100 metros fuera de él, muchas de las edificaciones existentes en suelo de núcleo rural del litoral quedan fuera de ordenación.
Con este régimen de excepción, logrado a partir de las negociaciones habidas entre el Ministerio de Agricultura y Medio Ambiente y los responsables gallegos del ramo, se ha conseguido rebajar la zona de servidumbre de costa, de los 100 a los 20 metros, para los núcleos costeros tradicionales en los que se acredite correctamente la concurrencia de los supuestos establecidos por ley.
La polémica se suscitó por la solicitud del Ayuntamiento de Cervo de ampliar la franja de servidumbre de protección reducida a 20 metros con que cuenta el núcleo de Fontao a un ámbito colindante, exterior al núcleo delimitado.
Pero el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente se opuso el pasado mes de mayo, al considerar vinculantes las delimitaciones contenidas en el instrumento de planeamiento vigente constituido por las normas municipales de 1978.
No obstante, al ser las edificaciones existentes, en el ámbito en el que se pretendía la reducción de la servidumbre de protección, anteriores a la entrada en vigor de la Ley 22/1988, se ha establecido que podrán ser objeto de obras de mantenimiento y mismo aumento de volumen con elementos ligeros a modo de galería, previa la obtención de la licencia municipal reglamentaria.
De los 87 concellos con costa en Galicia, solo 46 presentaran solicitudes para regularizar 142 asentamientos marineros, cuando se calcula que en total hay unos 255 afectados con 12.500 viviendas.
Estos núcleos están fuera del ordenamiento municipal y además permanecen sujetos a fuertes restricciones urbanísticas, ya que dependen de Costas al estar ubicados en la franja de cien metros de tierra a contar desde la línea de mar.
Lo que tienen que demandar los ayuntamientos es que se regularicen, acreditando que existían antes de 1988, y rebajar la zona de servidumbre a 20 metros, para permitir que así que estos pueblos vuelvan a incorporarse a la ordenación municipal ordinaria.
