La sugerencia remitida a principios de 2015 por el Defensor del Pueblo al Ministerio de Fomento, para que se ampliaran los potenciales beneficiarios del Fondo Social de Viviendas (FSV) y ya, de paso, dar una mayor difusión al conocimiento por el público del Fondo, con medidas directas o indicando a las entidades bancarias que adopten las medidas precisas para un mayor conocimiento por los ciudadanos de acogerse a esta posibilidad, no han caído en saco roto.
La respuesta remitida por el Ministerio deja claro que la sugerencia ha surtido el efecto buscado. En un escrito enviado a esta Institución, presidida por el Ministerio de Fomento afirma que desde enero de 2015, se han alquilado cerca del 72% de todos los pisos aportados, esto es, 4.215 viviendas.
Esta cifra contrasta con los 695 contratos firmados en el primer año de existencia del FSV o los 1.767 contratos del año pasado. Fomento achaca la evolución positiva experimentada por el FSV en los últimos meses, al aumento del colectivo de posibles beneficiarios y a la mayor difusión de las posibilidades y oferta del FSV, precisamente en la línea de lo sugerido por el Defensor del Pueblo.
La sugerencia venía motivada por el hecho de que el Ministerio de Fomento no hubiera suscrito convenio de colaboración alguno con la Sareb para la gestión de programas de los Planes Estatales de Vivienda. Una sociedad, el banco malo presidido por Jaime Echegoyen, que, entiende el Defensor del Pueblo, se ha convertido, por su volumen de negocio, en actor principal de la política de vivienda en España.
Y es precisamente esa importancia de la Sareb en el sector inmobiliario la que, entiende el Defensor del Pueblo, justificaría la actuación de Fomento en el seno de la Comisión de Seguimiento del Convenio del Fondo Social de Viviendas, con independencia de que sea el Ministerio de Economía y Competitividad el que preside tanto esta Comisión como la de seguimiento del cumplimiento de los objetivos generales de Sareb.
Meses antes de esta sugerencia, la defensora del Pueblo, Soledad Becerril, planteó dedicar también al alquiler social pisos de la Sareb, a la vista del escaso éxito inicial del fondo creado por el Gobierno en 2013 con inmuebles aportados por la banca. Pero, tanto el Ministerio de Economía y Competitividad como el Ministerio de Fomento, se opusieron con el argumento de que la Sareb no está configurada como un instrumento de la política social de vivienda.
