En los últimos años ha sido creciente el número de herederos que, al no poder hacer frente a la factura fiscal que supone el impuesto de Sucesiones, se han visto obligados a renunciar al bien heredado.
En Galicia, para evitarlo, la Xunta ha incorporado en sus presupuestos para 2016 la elevación a 400.000 euros del mínimo exento por tributar por este impuesto para todas las adquisiciones por descendientes, cónyuges, ascendentes y adoptantes.
Con esta medida se eliminará en el 99% de los casos a tributación de las herencias de padres a hijos, con el objetivo de mantener íntegro el patrimonio familiar y la capacidad económica de la familia, que pasa a perder, en muchas ocasiones, la renta que acercaba la persona fallecida.
Además, la norma también aclara que la reducción por vivienda habitual del causante del Impuesto sobre Sucesiones se aplicará aunque la persona no resida en la misma cuando, por circunstancias fiscales o psíquicas, se traslade para recibir cuidados a un centro especializado o a vivir con sus familiares. Se cumple así una proposición no de ley aprobada de forma unánime por el Parlamento gallego el pasado mes de marzo.
El proyecto de Ley de Presupuestos, que actualmente ya se encuentra en tramitación parlamentaria, incluye un conjunto de medidas fiscales que supondrán un ahorro para las familias y empresas gallegas de alrededor de 140 millones de euros al año.
Fijará en el IRPF una nueva escala aplicable al tramo autonómico para mejorar su progresividad, al pasar de cinco a siete tramos. De este modo, la nueva rebaja beneficiará al 98,5% de los contribuyentes gallegos y permitirá un ahorro de hasta 380 euros al año para las rentas bajas y medias, lo que situará a Galicia como una de las comunidades con la tributación más baja para estas rentas.
Dentro de esta reducción fiscal, el Ejecutivo gallego completará el próximo año el programa de impuestos ‘cero’ en el ámbito rural, con nuevas medidas que complementan a las ya aprobadas nos últimos años, con el objetivo de que la carga fiscal no sea un impedimento para movilizar tierras, que están abandonadas pero que sn susceptibles de ser puestas en cultivo.
En ese sentido, se establecerá una deducción del 100% en la cuota de transmisiones de suelo rústico, lo que supondrá la desaparición del gravamen en estas operaciones. También se elevarán al 100% las reducciones que prevé la Ley de Modernización de las Explotaciones Agrarias, de manera que el beneficio fiscal sea completo para las operaciones que buscan favorecer las transmisiones de explotaciones agrarias y el aumento de su tamaño.
