Confiaba el Gobierno de Castilla-La Mancha en que la reunión entre la consejera de Fomento, Elena de la Cruz, y la ministra de Agricultura, Isabel García Tejerina, hubiera resultado satisfactoria, si no en logros concretos, que abrieran la puerta a una modificación en los criterios relacionados con la gestión del trasvase Tajo-Segura, sí al menos a apreciar en la ministra una cierta predisposición a que eso pudiera producirse. Pero, ni una cosa ni la otra.
Al final, la consejera regresaba a Toledo con una sensación de absoluta decepción por el desarrollo de la reunión, provocada por la, según De la Cruz, falta de empatía del Gobierno de España en cuanto a los problemas de agua de Castilla-La Mancha, que derivan del trasvase Tajo-Segura y de los diferentes planes hidrológicos de esta cuenca y las del Segura, Júcar y Guadiana.
Tampoco ha obtenido Castilla-La Mancha una respuesta adecuada sobre las posibles alternativas del Ejecutivo central en relación al trasvase. Sobre todo en relación al tema más espinoso, como es el mínimo de 400 hectómetros cúbicos para no trasvasar. Desde el gobierno autónomo entienden que esa cantidad se obtiene sumando el caudal mínimo más los consumos de la cabecera. Y lo mismo sucedía con la respuesta dada por el Ministerio sobre el mínimo de 304 hectómetros cúbicos para 2015. Una cantidad inamovible para Agricultura.
En el balance efectuada a la salida de la reunión, la consejera apuntaba el hecho de que el Ministerio se ha negado a que Castilla-La Mancha «tenga al menos voz como cuenca cedente» en la Comisión de Explotación del trasvase, órgano cuyo informe suele resultar determinante para aprobar las derivaciones de agua al Segura a pesar de que en situaciones excepcionales, como la actual, lo firme la titular del Ministerio de Agricultura.
En lo único asunto que sí hubo cierta receptividad fue en lo relativo a inversiones pendientes de acometer en la región por parte del Gobierno de España, tales como la red de Morillejo, para el abastecimiento de una treintena de núcleos de población en la zona ribereña, o la necesidad de actuar con cierta inmediatez en la tubería de Picadas, que depende de la Confederación del Tajo y abastece de agua potable a unos 300.000 habitantes de la zona norte de la provincia de Toledo, incluida la capital.
