Francisco Javier Vaquer, el titular del juzgado de lo Mercantil 6 de Madrid, no se ha andado por las ramas a la hora de decir a la inmobiliaria Reyal Urbis, presidida por Rafael Santamaría, que su propuesta de convenio de acreedores no hay por dónde cogerla, y que, por lo tanto, no queda otra que ir a liquidación.
Aunque la promotora ha anunciado, al conocer el auto, que recurrirá en apelación, será difícil que prospere a la vista de los irrebatibles argumentos expuestos por el magistrado para no admitir a trámite la propuesta de convenio.
Da la impresión que Reyal Urbis, a la vista de los fundamentos del auto del juez, apenas ha introducido las modificaciones que, a la inicial propuesta, había demandado el magistrado, ya que, como explica, las quitas de deuda, entre el 83% y el 93%, resultan extremadamente exageradas, exceden con mucho los límites legales, no están justificadas y benefician exclusivamente a la compañía. Además, subraya que tales límites sólo podrán verse superados en el caso de aquellas empresas cuya actividad pueda tener especial trascendencia.
El juez Vaquer apunta que, en el caso de que hubiera decidido admitir la propuesta de convenio, Reyal Urbis seguiría teniendo fondos propios negativos hasta el año 2023 por importes superiores a los 90 millones, por lo que, claramente, resultaría perjudicial para los acreedores y no evitaría la insolvencia.
También incide el juez en el hecho de que la promotora no presenta una relevancia cuantitativa dentro del sector inmobiliario, pues lleva cuatro años sin promocionar suelo y se ha limitado a vender las viviendas construidas. Y apunta que solo la reactivación económica del mercado residencial de obra nueva y la obtención de financiación permitiría convertir en dinero derechos de edificación que tiene por 941 millones.
La respuesta del juez se produce seis meses después de que, el pasado 30 de marzo, Reyal presentara la subsanación de determinados aspectos, aportando un texto consolidado de la propuesta de convenio.
Las dudas que el magistrado necesitaba aclarar pasaban por el plazo indefinido -a largo plazo, decía la inmobiliaria- que se fijaba para devolver los 400 millones de euros que se adeudan a la Hacienda Pública, y, además, conocer más extremos acerca de las razones que Reyal Urbis había seguido para el sorteo de activos entre los acreedores.
En esa primera propuesta, tras asumir que no podrá devolver el pasivo de 4.000 millones de euros que arrastra, la promotora presidida ponía a los acreedores ante la tesitura de asumir una quita del 80% de ese pasivo. Y, además, limitada a los 3.500 millones de que la empresa debe a la Sareb y a más de 20 entidades financieras.
