El talante de la nueva alcaldesa de Madrid, Manuela Carmena, va a tener que empezar a dejarse ver seguramente antes de lo que ella misma pensaba. Un sinfín de asuntos polémicos, heredados del anterior equipo de gobierno presidido por Ana Botella, han empezado a llegar al consistorio para que se modifiquen o, directamente, para que, si cabe la posibilidad, decidir no tirar hacia adelante. Son muchos los colectivos sociales, los que la auparon hasta la alcaldía, los que están pendientes de sus decisiones para no sentirse defraudados.
Uno de estos colectivos, la Federación Regional de Asociaciones Vecinales de Madrid (Fravm), acaba de registrar una petición en el Ayuntamiento para que se proceda a realizar una inspección a las obras del centro comercial Plaza Río 2 para determinar suspensión de las mismas y la reconsideración de la actuación tomando en cuenta las demandas del vecindario.
Denuncian que las obras no cuentan con la preceptiva licencia de obras, y que los promotores se han limitado a presentar en las instancias municipales una declaración responsable de acuerdo con la Ley 2/2012, de Dinamización de la Actividad Comercial en la Comunidad de Madrid.
Recuerda la entidad vecinal que el proyecto contempla la construcción de un centro comercial con 1.500 plazas de aparcamiento, lo que, a su juicio, ocasionará graves perjuicios a los pequeños comercios de los distritos de Usera y de Arganzuela con la consiguiente pérdida de puestos de trabajo; empeorará los ya perceptibles problemas de congestión y de movilidad; eliminará el suelo disponible para edificar equipamientos colectivos en un ámbito muy deficitario en materia de dotaciones y, por último, abrirá una brecha entre el barrio y el parque de Madrid Río.
El pasado 29 de enero de 2015 la Junta de Gobierno de Madrid aprobó la segunda modificación del Plan Especial para la parcela situada en la calle Antonio López 109 y 111, en la que el grupo Sociedad General Inmobiliaria de España va a construir un centro comercial con una superficie de casi 40.000 m2 distribuidos en 180 locales comerciales y un aparcamiento de 1.500 plazas.
El proyecto está concebido, en palabras del Ayuntamiento de Madrid, «como un enclave singular» que «favorecerá la reactivación económica del entorno» y «mejorará la conexión entre los barrios colindantes de los distritos de Usera, Carabanchel y Arganzuela, así como con el centro urbano». Un «balcón urbano», decía el Ayuntamiento, que «devolverá la continuidad, ahora interrumpida, de la actividad de Antonio López, uno de los ejes comerciales principales de la ciudad».
Entonces, la Fravm, las asociaciones vecinales de los distritos de Usera y de Arganzuela, numerosos técnicos y expertos, así como varios centenares de vecinos y vecinas, presentaron escritos de alegaciones -unas 300- al Plan Especial que no fueron contestadas.
El Ayuntamiento hizo caso omiso y continuó con el trámite en vísperas de las últimas elecciones municipales, privando así al nuevo equipo de Gobierno pronunciarse sobre el fondo del asunto. El solar llevaba años sin uso y a pocos meses de las elecciones a los promotores y a las autoridades municipales les entraron las prisas».
