El asunto polémico de las viviendas turísticas alquiladas por parte de los particulares, sin mucho control, deja entrever otra de esas lagunas que deja en evidencia la inoperatividad de las administraciones públicas -en este caso, comunidades autónomas y ayuntamientos- por intentar poner orden administrativo a esta situación que, está claro, se les está yendo de las manos.
Mientras deciden cómo se reparten el poder tras las elecciones del pasado 24M, la ciudadanía sigue yendo a su bola, y, el que más y el que menos, alquila cómo puede y cuándo puede su casa -total o parcialmente- obteniendo unos ingresos que, para los tiempos que corren, vienen de perlas. Y, además, hacerlo, sin ningún tipo de controles fiscales y administrativos.
Y ahí están los números para corroborarlo. Más del 10% de los 5,5 millones de turistas que visitaron España el pasado mes de abril lo hicieron en estos alojamientos particulares. Es un 20,4% más que un año antes. En parte, porque la oferta ha crecido: a los tradicionales apartoteles y segundas residencias cedidas por sus dueños unos meses al año, se suma cada vez más la oferta de particulares, que sacan al mercado incluso habitaciones de su primera vivienda. Plataformas de Internet como Airbnb o HomeAway siguen promoviendo este tipo de alojamientos alternativos con una acogida cada vez más elevada.
Siempre ha existido, con picaresca incluida -todo completamente en negro y en efectivo – este tipo de acuerdos entre particulares, sobre todo para el alquiler del apartamento veraniego – pero, ahora, con la irrupción de internet, la práctica se ha extendido, y ya no se alquila únicamente en verano y en la playa, sino también durante todo el año y, sobre todo, en las grandes ciudades como Madrid y Barcelona.
En este berenjenal administrativo, algunas comunidades, como la Comunidad Valenciana o Galicia, sí dejan margen al alquiler de viviendas por días a los turistas, siempre que los dueños acudan a un registro y cumplan requisitos básicos. Otras, como Canarias, lo limitan a zonas donde no hay oferta hotelera. Y algunas, como Madrid, han impuesto un mínimo de cinco noches seguidas de alquiler.
Ante la presión hotelera, la regulación de los apartamentos se multiplica, lo que ha llevado a su vez a los dueños de viviendas a crear asociaciones que ejerzan de lobby en defensa de sus intereses. Pero el asunto no va a resultar fácil. En 2014, más de 600.000 españoles usaron la plataforma Airbnb, la que más crece, y se espera que durante el presente ejercicio esa cifra se duplique. Sin duda, se trata de una práctica en la que los hoteleros tienen todas las de perder.
