Los 1.350 millones de euros de indemnización que cobrará Escal, la filial de ACS, por el fallido proyecto Castor, sigue dando vueltas por las instituciones europeas ante las actuaciones que se están llevando a cabo, a todos los niveles, para que esa factura, que al final prácticamente se triplicará al cabo de 30 años, no sea costeada del bolsillo de los ciudadanos a través de la factura del gas.
Hace unas semanas, una resolución del Parlamento Europeo instaba a la Comisión Europea y al Banco Europeo de Inversiones (BEI) a que se analizara a fondo el decreto del Gobierno que, el pasado octubre, facilitó el pago de esta indemnización, así como a abordar la revisión del mecanismo financiero europeo que posibilitó el proyecto y que sigue vigente.
Con anterioridad, la Defensora del Pueblo europea, Emilly O’Reilly, reclamó la atención de la Comisión al respecto, y el propio presidente del Banco Europeo de Inversiones, Werner Hoyer, ha reconocido públicamente que el proyecto Castor ha sido precedido de una evaluación desastrosa.
Precisamente, lo que recogía la resolución del Europarlamento al respecto era la petición a la Comisión de que siguiera las recomendaciones del Defensor del Pueblo Europeo de cara a investigue si las decisiones del Gobierno español sobre Castor pueden considerarse ayuda estatal prohibida.
En el informe de la institución legislativa europea se alude al proyecto Castor en el sentido de que la evaluación de riesgos no tomó en consideración el riesgo de aumento de la actividad sísmica vinculado a la inyección de gas, pese a la existencia de estudios que alertan claramente de los peligros potenciales de esta operación.
Conviene recordar que el Gobierno encargó a Enagás Transporte, la gestora técnica del sistema gasista, que administrara la instalación, se encargara del mantenimiento y pagara la indemnización.
Esta compañía comunicó el pago de los 1.350,7 millones de euros en los resultados que ha enviado a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), en los que añade que se han reconocido más costes “de operación y mantenimiento”, entre otros, que no especifica y que incrementan la indemnización.
Ese dinero se repercutirá en el recibo del gas de los consumidores durante los próximos 30 años. Enagás ha firmado un acuerdo con varios bancos para pagar los 1.350,7 millones a cambio de cederles los derechos de cobro de esos recibos. La operación “tendrá un carácter neutro desde el punto de vista financiero” porque no computará como deuda, tal como también ha comunicado la empresa a la CNMV.
