Es lo que tienen las sentencias urbanísticas que se dictan con cierto retraso. Que, cuando lo hacen, introduce una incertidumbre total. Es lo que acaba de pasar con la sentencia del Tribunal Supremo, con la anulación del Plan General del municipio madrileño de Boadilla del Monte de 2001, ratificando una sentencia de hace casi dos años emitida por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM).
Y ahora ¿qué pasa? Se preguntan muchos en el municipio. Pues, depende a quién se pregunte de los que supuestamente saben. Si los que responden son los actuales responsables municipales, la sentencia del Alto Tribunal poco menos que es papel mojado. Que ya se ha redactado otro plan general, pendiente de ser aprobado por la Comunidad de Madrid, en el que se han subsanado todas las pegas que los tribunales habían detectado en el marco urbanístico aprobado hace 14 años.
Y que, por tanto, todos los vecinos, que han comprado y residen en viviendas construidas en estos barrios ahora anulados, como El Valenoso o El Encinar, no tendrán problema alguno porque, dicen en el Ayuntamiento, se han construido con toda la legalidad, la que ahora ha dejado de existir.
Si los que responden son algunos de los miembros de la oposición, la cosa no parece tan clara, y aunque, evidentemente, las casas no se van a tirar, sí introducen algunos matices divergentes a la opinión que emiten desde el Ayuntamiento.
Llegan a comentar que, tras la sentencia del Supremo y mientras no haya un nuevo plan general, lo que rige en Boadilla es el plan del año 1978. Casi nada. Y van más allá, al señalar que todo lo ejecutado durante los últimos 15 años queda fuera de ordenación.
Recuerdan los concejales de la oposición que la primera sentencia anulando el PGOU se dictó en el año 2003, pero lo anteriores regidores hicieron caso omiso y siguieron desarrollando los proyectos y dilatando el mayor tiempo posible la decisión final que ahora los tribunales han dictado.
Una de los asuntos por los que el Plan de Boadilla llegó a los tribunales fueron las denuncias relativas a la negación, por parte del Ayuntamiento, a dar toda la documentación sobre los convenios urbanísticos firmados con los propietarios de los terrenos, para evitar comprobar, como se temían, que no se contemplaba el aprovechamiento urbanístico.
