Reyal Urbis, la empresa presidida por Rafael Santamaría, deberá, si no lo ha hecho ya, presentar esta semana la documentación adicional, con subsanaciones incluidas, que el juzgado de lo Mercantil número 6 de Madrid le requirió el pasado 6 de marzo, en relación con la propuesta de convenio de acreedores que la promotora presentó en dicho juzgado el pasado 13 de febrero.
La notificación dejaba en suspenso los plazos para que los acreedores decidieran o no adherirse a la propuesta, de manera previa a que el juez emitiera su informe. Ahora habrá que ver en qué términos se produce esa modificación de propuesta, si es o no relevante respecto a la presentada en febrero.
Lo que Reyal Urbis planteaba en su inicial propuesta de convenio es que solo una quita del 80% de los 3.500 millones de que adeuda a los acreedores financieros haría viable –es un decir – el futuro de la empresa.
La situación es muy similar a la vivida hace un mes por Martinsa-Fadesa, con una deuda impagable y los mismos acreedores –en esta ocasión, con el Santander como gran protagonista, ausente del concurso de la promotora presidida por Fernando Martín. Y, como en ese caso, el papel de la Sareb, como principal acreedor, resultará fundamental para saber si la propuesta de convenio tiene o no visos de salir adelante.
En principio, Reyal Urbis debe a Sareb unos 700 millones de euros. Es el valor nominal de los créditos que, hace dos años, le transfirieron las entidades nacionalizadas. No obstante, su valor neto –el que el banco malo registró en su contabilidad– fue de unos 350 millones, ya que la otra mitad fueron cubiertas en provisiones por las entidades oferentes.
De esta manera, de aceptar esa quita del 80%, Sareb tendría que reconocer que unas pérdidas de unos 210 millones de euros, los que salen de la diferencia entre el valor neto y los 140 millones de nuevo valor del crédito tras la quita.
Las mismas cuentas tendrán que hacerse el resto de entidades acreedoras para ver cómo afectarían a sus balances los más de 800 millones de euros que esa quita supondría para, en función, de las provisiones realizadas, determinar si les conviene más adherirse a la propuesta de convenio o, no hacerlo, e ir directamente a la liquidación, como decidieron con Martinsa-Fadesa.
En la documentación adicional que el juez ha requerido a Reyal Urbis se pide una mayor aclaración acerca del proyecto de adjudicar por sorteo activos no afectados por la quita, valorados en unos 700 millones de euros.
En principio, a cualquier acreedor le podría tocar cualquiera de estos activos. Solo el azar haría que unos, para su desgracia, se quedaran con suelos inviables de desarrollar, y que otros, afortunadamente para ellos, lograran hacerse las viviendas ya terminadas, los hoteles o las oficinas.
