La Consejería de Fomento y Vivienda de la Junta de Andalucía y seis universidades andaluzas han formalizado los contratos para el desarrollo de 20 nuevos proyectos de I+D+i en materia de infraestructuras, movilidad y vivienda, por un importe total de 2,32 millones de euros, en el marco de la convocatoria 2014-2015. Con esta línea de financiación, que cuenta con recursos Feder, se persigue una aplicación directa de la investigación tanto en las políticas de la Consejería de Fomento y Vivienda como en las actividades del tejido social y empresarial andaluz.
Los 20 proyectos proceden de los equipos de investigación de las universidades de Córdoba, Granada, Jaén, Málaga, Sevilla y Pablo de Olavide, que concurrieron al concurso público abierto por la Consejería de Fomento y Vivienda el pasado abril de 2014. Estos proyectos abordarán los diversos campos competencia de este departamento: la movilidad y las infraestructuras, la vivienda, la rehabilitación y la ciudad, la logística, el endeudamiento público, así como los sistemas electrónicos de gestión, archivo y divulgación de los expedientes administrativos y técnicos en todas estas materias.
En el ámbito de las infraestructuras y el transporte se ha puesto el acento en la movilidad sostenible, con iniciativas que persiguen el desarrollo de una metodología para implantar rutas escolares a pie o de una herramienta para evaluar previamente y optimizar las infraestructuras del transporte público. Otras iniciativas ahondarán en el uso de las nuevas tecnologías para lograr desplazamientos más eficaces y sostenibles en las ciudades o en el análisis de las infraestructuras desde el punto de vista de la accesibilidad.
En el campo de la vivienda y la ciudad, se han seleccionado proyectos relacionados con la rehabilitación energética de las edificaciones, la búsqueda de materiales y procesos innovadores para la construcción de infraestructuras más sostenibles, y con el análisis de las condiciones de habitabilidad de la población desfavorecida.
Una vez terminada la investigación, los autores de las iniciativas deben presentar ante la administración contratante, la Agencia de Obra Pública de la Junta de Andalucía, los informes finales con los resultados y propuestas de aplicación concretas obtenidos en los proyectos.
