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Exención fiscal como alternativa a los recortes de renovables en Navarra

Es lo que tiene ser un contribuyente del País Vasco o de Navarra, que, en ocasiones, existen alternativas beneficiosas para acomodar la presión fiscal, las que no cuentan el resto de ciudadanos residentes en otras comunidades autónomas.

En esta ocasión son los cerca de 6.000 productores navarros de energía solar los que se van a poder beneficiar de una exención fiscal del 7% tras el acuerdo que, a cuenta del Convenio Económico existente, han sellado el Gobierno central y el foral. Ahora, todo pasa por aprobar con urgencia –antes de que la Cámara navarra se disuelva antes de las elecciones del próximo mes de mayo– un nuevo proyecto de ley que incorpore esta medida.

Se trataría no de incluir la exención directamente, sino de plantear una compensación, a través de una deducción del Impuesto de la Renta de las Personas Físicas (IRPF) y de Sociedades, para que las personas afectadas, primero pagaran, y después, mediante una modificación legislativa fiscal, recibieran lo pagado de más.
Funcionaría de manera retroactiva, incluyendo las cantidades pagadas en 2013 y 2014. Lo único que faltaría por matizar es si será necesario que cada afectado tenga que acudir a Hacienda para cambiar su última declaración o si este trámite se completará de forma automática.

Todo un alivio para esos afectados que, en octubre del año pasado, recibieron una carta en las que le pedía que abonaran el impuesto mencionado del 7% en 2013 y 2014. Y que lo hicieran con rapidez, en un plazo de un mes, para evitar tener que pagar un recargo del 20%.

Ahora cabe la duda de qué va a pasar con aquellos productores que pagaron, a pesar de la recomendación lanzada desde las asociaciones, relativa de que era mejor esperar a ver si cuajaban las negociaciones que se mantenían entre el Gobierno central y el navarro. No está nada claro si podrán recuperar lo pagado o no.
Además de sacar adelante esta exención, asociaciones como Anpier confían en que la Comisión Europea declare nulo el impuesto a esta producción, que también pondría punto y final a esta situación de inseguridad económica en la que muchos llevan inmersos más de dos años.

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