Los plazos para despejar el futuro accionarial de FCC se siguen superando sin que, por el momento, se haya puesto la definitiva solución.
Como viene sucediendo desde hace casi un año, la capacidad de la principal accionista, Esther Koplowitz, vuelve a estar en duda al no cerrar un acuerdo para refinanciar las deudas que lastran a B-1998 y Azate, las dos sociedades instrumentales a través de las que controla el 50,1% de FCC.
Hace una semana venció el último de los alargues planteados que las partes se habían dado –la empresaria, sus socios y sus acreedores– y se mantiene la incertidumbre de qué va a pasar. De lo que pase dependen muchas cosas. El control de esas sociedades, el de FCC y también el de la filial Cementos Portland Valderrivas (CPV).
En julio pasado, Bankia y BBVA –las dos principales acreedoras de los algo más de 900 millones de deuda soportan las sociedades patrimoniales– accedieron a una nueva prórroga por la deuda vencida. La que finalizó el pasado lunes 15 de septiembre. Ambas entidades no tienen intención de ir a la ejecución de garantías, pero otros no lo tienen tan claro.
El esquema con el que se trabaja es el de firmar una nueva novación del préstamo de las sociedades instrumentales hasta 2018 para, inmediatamente, poner en marcha la operación de ampliación de capital ya diseñada. Esos 1.350 millones de euros correspondientes al tramo B de la refinanciación de 4.510 millones cerrada el pasado mes de marzo por el que FCC asume un inasumible interés medio del 13%.
Ampliación que culminaría con la reducción de la participación de la familia Koplowitz a la mitad que actualmente posee, en torno al 25%, debido a que no podrán aportar los 675 millones de euros necesarios para suscribir lo que les correspondería para seguir manteniendo el actual 50% de la matriz. A cambio de perder el control y dilución de su participación de FCC, con los derechos de suscripción de la ampliación Esther Koplowitz obtendría liquidez para pagar los intereses del préstamo que arrastran sus sociedades instrumentales.
Tampoco en CPV acaban de despejar las dudas. En junio no pudo amortizar 50 millones de euros correspondientes a un pago parcial de sus préstamos sindicado, y los fondos Blackstone y Apollo han comprado la mitad de su deuda. Más de 500 millones de euros, que les convierte en los principales acreedores de la cementera. El próximo 30 de septiembre es la nueva fecha para hacer frente al impago de junio.
