La vieja central nuclear de Garoña, en la localidad burgalesa de Santa María de Garoña, vuelve al primer plano. Los acérrimos partidarios de esta energía, con las eléctricas a la cabeza, y sus igual de activos detractores, volverán a poner encima de la mesa un debate eterno. En este caso, la actualidad viene dada por el anuncio de Endesa de que pedirá su reapertura de la central, posibilitada por la reforma legal del Gobierno.
Endesa ha conseguido la condición previa que pidió al Ejecutivo, como es la supresión del impuesto sobre residuos nucleares que gravaba, de forma retroactiva, el combustible nuclear gastado por esta central nuclear. Por esta razón, ha vuelto a pedir la reapertura de la planta nuclear más vieja de nuestro país, que lleva parada desde hace un año y medio, precisamente, para no pagar más impuestos.
La reforma del Reglamento de Instalaciones Nucleares y Radiactivas (RINR) otorga un año de tiempo para pedir la prórroga de la instalación nuclear a partir del cierre, y por eso ahora Nuclenor cuenta con plazo hasta el próximo 6 de julio.
A partir de aquí, habría que ver si, de llevarse a cabo la medida, el gasto millonario que es necesario acometer, en una central que tiene ya casi medio siglo de existencia y llena de grietas, sería suficiente para garantizar la seguridad.
Si se formaliza la petición de reapertura antes de ese plazo, el Consejo de Seguridad Nuclear determinará las obras a realizar. De momento son seguras las reparaciones derivadas de las inspecciones del año 2009 más las que se derivan de las pruebas de estrés.
La propietaria de Garoña, la empresa Nuclenor, de la que son accionistas a partes iguales Endesa e Iberdrola, deberá construir una torre de enfriamiento para satisfacer las exigencias sobre la temperatura de los vertidos de la Confederación Hidrográfica del Ebro.
Todas estas obras supondrán un gasto que superará los 150 millones de euros. Deben añadirse otros problemas graves de la central: presenta un grave problema de corrosión del circuito primario y registra el envejecimiento general de los sistemas de seguridad.
Desde el punto de vista de los grupos ecologistas se aboga por no conceder a Garoña el permiso para seguir funcionando y que se proceda al cierre definitivo de la central. Entienden que las inversiones millonarias en reparaciones deberían dedicarse a la creación de riqueza sostenible para la región y el fomento de energías limpias y seguras.
