En Marbella ya no saben a qué atenerse. Todos esperan que Nasir Bin Abdullah & Sons, la empresa del jeque catarí Abdullah Al-Thani y concesionaria de la ampliación del puerto de La Bajadilla, en Marbella (Málaga), dé señales de vida, pero de momento no lo hace. Ni en un sentido ni en otro.
Hace un mes debía haber presentado recurso de reposición contra la última resolución de la Agencia Pública de Puertos de Andalucía (APPA), que confirmaba la sanción de 50.000 euros fijada por el incumplimiento de los plazos establecidos para entregar el proyecto de ampliación del puerto deportivo. Y ahora, al finalizar el mes de abril, vence también el plazo para recurrir a la vía contencioso-administrativa. Si no lo hace, a mediados del próximo mes de mayo deberá hacerse efectivo el pago de la sanción.
Lo que sí hizo la sociedad concesionaria fue presentar alegaciones a la propuesta de sanción, que, finalmente, no fueron estimadas por la Agencia Pública de Puertos de Andalucía, ante lo que se le envió la comunicación confirmando la penalización de 50.000 euros y abriendo un plazo de un mes para presentar el referido recurso de reposición.
La cuantía de la multa era inicialmente de 60.000 euros, aunque se rebajó a 50.000 euros al haber alegado la sociedad que ya había licitado la redacción del proyecto. Pese a lo alegado por la sociedad del jeque, la Administración regional argumenta que esa licitación se tenía que haber hecho en enero de 2012, por lo que se produce un retraso de dos años en la elaboración y presentación del documento que defina el proceso constructivo. Ante esto, y en cumplimiento de lo establecido en el pliego de condiciones del contrato, la Junta considera que ha de fijar una multa.
No obstante, desde la APPA han resaltado que la empresa adjudicataria contará con su colaboración en la redacción del proyecto. En este punto, han subrayado que el objetivo principal del contrato es la ampliación de La Bajadilla y no la gestión del puerto, que ya se está desarrollando.
La Consejería de Fomento ya abrió un expediente de rescisión a la sociedad, que acabó siendo archivado al no darse los supuestos de abandono de la concesión y de incumplimiento generalizado del contrato, después de que el pasado agosto abonara los 1,8 millones de euros que tenía pendientes del canon correspondiente a los ejercicios 2012 y 2013; constituyera, además, la sociedad, y abonara las deudas con las empresas proveedoras.
