La situación de la inmobiliaria Fergo Aisa sigue rayando en lo kafkiano. Aunque su presidente Carlos Fernández trata de defender lo indefendible para tratar de mantener la empresa, lo cierto es que va a resultar poco menos que imposible que se llegue a su liquidación por la vía rápida, toda vez que no va a ser posible intentar solventar el concurso a través de una propuesta de convenio.
Básicamente porque no hay fondos para nada. Y buena prueba de ello es la reciente renuncia tanto de su abogado y de su procuradora. Han elevado un escrito ante el magistrado del juzgado de lo Mercantil de Barcelona que lleva el concurso para comunicar qua abandonan la defensa de Fergo Aisa ante la imposibilidad de consensuar con la empresas una línea lógica de defensa, así como por la carencia absoluta de fondos para efectuar los estudios, gestiones y proyectos necesarios para el buen fin del concurso.
Así que Carlos Fernández se queda en la estacada al no poder contar con los representantes judiciales que hasta ahora se habían personado ante el juzgado respaldando el recurso de reposición presentado por la empresa, interpuesto para que se anule la liquidación decretada por el propio juzgado.
No es el único inconveniente. Los administradores concursales han impugnado su recurso, alegando que la empresa, declarada en concurso necesario en julio de 2013, carece de actividad alguna desde 2010, pues no se han realizado ventas ni promociones.
En su recurso, Carlos Fernández detallaba sus iniciativas para buscar financiación y desarrollar ciertos proyectos de promociones en el extranjero. Los mismos que, según los administradores, se vienen apuntando desde hace años sin ningún resultado concreto. Ante esta situación resulta imposible plantear un convenio. Ni hay recursos ni medios para obtenerlos, ya que se requieren unos fondos mínimos para sufragar los créditos contra la masa. Y no los hay.
Fergo Aisa entró en concurso de acreedores a principios de julio de 2013. La dirección decidió aceptar el proceso instado por un ex directivo de la época de Ginés Marfiá, Juan Bautista Fernández, que reclamaba 576.274 euros. También había otra reclamación de 127.051 euros.
La inmobiliaria había coqueteado con el concurso en anteriores ocasiones aunque jamás los llegó a consumar. La última vez tuvo lugar en diciembre de 2012, cuando logró cerrar un acuerdo con sus acreedores después de que la consultora CB Richard Ellis le instase el concurso. La inmobiliaria esbozó un plan de pagos para enfrentarse a los más de 400 millones de euros de pasivo que acumulaba. Antes, en 2011, la compañía ya se había visto en situación preconcursal ante el proceso iniciado por CatalunyaCaixa.
