En Andalucía no parecen tener intención alguna, a pesar de los recursos, de ceder un ápice en el tema de su ley sobre la función social de la vivienda y siguen buscando las rendijas legales para seguir adelante con lo recogido en esa ley, pero otras Comunidades Autónomas parecen habérselo pensado mejor ante la postura contraria mantenida por el Gobierno central, que no ve razonable, entre otras cuestiones, que se lleven a cabo expropiaciones, aunque sean temporales, de los pisos vacíos de las entidades financieras. Es el caso de Canarias.
Desde que a mediados de enero el Tribunal Constitucional admitira el recurso contra el proyecto de ley contra los desahucios, la tramitación de la modificación de la ley canaria de vivienda de 2003 parece haber encallado.
Oficialmente no se dice ni una cosa ni otra. Ni que se vaya a aparcar definitivamente ni que se siga adelante con todas las consecuencias, pero hay alguna acción para evidenciar por dónde van los tiros. El plazo para presentar enmiendas parciales al proyecto, que finalizaba el pasado 3 de abril, se ha suspendido sin fijar una nueva fecha.
Cuando el texto entró en el Parlamento canario, el pasado mes de noviembre, el Ejecutivo presidido por Paulino Rivero obvió tres informes desfavorables elaborados por la Dirección General de Planificación y Presupuestos. Habían sido emitidos dos meses antes, pero no registraron hasta finales de enero. En ellos, entre otras consideraciones, se advertía de que, además de razonamientos jurídicos, no había dinero a medio plazo para cubrir los compromisos recogidos en el proyecto.
La defensa de la iniciativa fue realizada el pasado 26 de febrero, en el Pleno de la Cámara autonómica, por la consejera de Políticas Sociales y Vivienda, Inés Rojas, quien argumentando, como primer objetivo, la necesidad de evitar el desalojo de familias en situación de emergencia social, que sería complementado con la creación de un parque de viviendas deshabitadas.
De 2008 a 2012 fueron más de 10.000 personas o familias las que sufrieron el lanzamiento judicial de sus viviendas en Canarias a causa de un proceso de ejecución hipotecaria y, decía la consejera, que la Administración General del Estado, al respecto, no había sido capaz de activar un mecanismo adecuado para favorecer la dación en pago, a saldar la deuda con la propiedad expropiada.
