Otro rifirrafe entre el Gobierno y la Generalitat de Catalunya. Esta vez a cuenta del nuevo plan hidrológico del Ebro aprobado por el Ejecutivo central, que desde Cataluña consideran que se menoscaban sus intereses.
El Consejo Nacional del Agua contempla que el río transporte en su tramo final 3.200 hectómetros cúbicos al año, una cantidad muy alejada de los 7.000 hectómetros que desde el Gobierno catalán consideran necesarios para garantizar el caudal ambiental y el futuro del Delta.
La denuncia ante la Comisión Europea se basa en un estudio de la Agencia Catalana del Agua, en el que se argumenta que el caudal no puede disminuir a riesgo de causar graves daños medioambientales en una zona, el Delta, calificado como reserva de la biósfera.
A la Generalitat no le ha quedado otra que mover ficha para intentar que los intereses enfrentados de regantes y conservacionistas no enfrenten Lleida con las comarcas del Ebro. La vía de escape ha sido denunciar el exceso de regadío que hay en el curso alto del río, insinuando que la falta de agua se debe a políticas poco adecuadas en comunidades como La Rioja.
Basan esta denuncia en el hecho de que la mayor parte de las 363.000 hectáreas de nuevos regadíos que prevé el plan de cuenca están fuera de Cataluña. El canal Segarra-Garrigues, que se alimenta del agua del Segre, afluente del Ebro, irrigará aproximadamente un 8% de estas nuevas zonas de regadío. El resto se lo reparten las otras comunidades ribereñas.
Desde Cataluña entienden que el conjunto del plan se basa en atender necesidades artificiales de algunas comunidades autónomas que, después, impiden gestionar correctamente el caudal que llega al delta del Ebro.
Aunque no cree que sea necesario pues el proyecto llega con tanto retraso que cuando se apruebe definitivamente ya estará a punto de caducar, la Generalitat también se reserva la posibilidad de recurrir a la justicia ordinaria para invalidar el plan. En 2015 se tendrá que hacer un nuevo plan de cuenca.
En esta nueva polémica no hay que excluir que, quizás, deba decidir en Bruselas el actual responsable español de Agricultura, Miguel Arias Cañete, cuyo nombre se baraja como posible miembro español de la nueva Comisión Europea que surgirá tras las elecciones al Parlamento Europeo del próximo 25 de mayo.
