El Programa Andaluz en Defensa de la Vivienda ha evitado en sus primeros quince meses de funcionamiento, desde principios de octubre de 2012 hasta el 31 de diciembre de 2013, un total de 4.313 desalojos en la comunidad, según ha explicado Elena Cortés, consejera de Fomento y Vivienda, durante la firma junto al alcalde de Montellano, Francisco José Serrano, del convenio de adhesión de este municipio sevillano a dicho programa.
Cortés ha destacado que estos resultados demuestran que “el programa cumple el objetivo esencial con el que se creó: que quienes acuden a solicitar ayuda de la Junta de Andalucía tras haber perdido su empleo no pierdan también su casa”. La titular de Fomento y Vivienda ha recordado, no obstante, que “la labor que realizan las oficinas tiene un carácter paliativo, por lo que los problemas de muchas de estas familias no están resueltos, persistiendo todavía la alerta y manteniéndose la situación de inseguridad y precariedad”.
Por ello Cortés eso ha animado a los municipios andaluces a que se sumen al “bloque institucional constituido para luchar contra esta lacra social”. “La solución a los problemas estructurales, de fondo, requiere modificaciones de la normativa estatal, que está claramente desequilibrada a favor del poder financiero. Estas oficinas, no obstante, ofrecen un servicio paliativo, contribuyendo a evitar que las familias que acuden a nosotros pierdan su techo”, ha añadido Cortés, que ha animado a las personas en problemas con su hipoteca a “luchar por su derecho a la vivienda”.
Durante los primeros quince meses de funcionamiento de este servicio público y gratuito prestado a través de oficinas de prevención, intermediación y protección, el programa ha intermediado en 4.313 casos. “Se trata de familias que acudieron a nosotros en riesgo de desahucio y siguen en sus casas”, ha subrayado Cortés.
La parte fundamental del programa es precisamente la intermediación, ya que en ella los afectados acuden solicitando información, asesoramiento y negociación en relación con sus problemas hipotecarios, destacando fórmulas como las renegociaciones de las condiciones del préstamo hipotecario, con acuerdos para la carencia de amortización del capital, ampliación de plazos, reducción del tipo de interés aplicable, retirada de cláusulas suelo, alquileres asequibles, suspensiones de lanzamiento o subasta, entre otras medidas encaminadas a paralizar el lanzamiento, en permanente comunicación con juzgados y entidades bancarias.
El resto de expedientes abiertos en Andalucía se corresponde con las fases de prevención, con un total de 810; y de protección, con 615 casos tramitados. En la fase de prevención, la atención se presta cuando aún no existe morosidad. Es solicitada por familias interesadas en informarse sobre las consecuencias de no pagar las cuotas hipote-carias en el futuro, conocer detalles sobre las posibilidades normativas para evitar desahucios o pedir asesoramiento sobre posibles cláusulas abusivas, entre otras cuestiones. Son personas que antes de firmar, quieren tener toda la información posible, ya que son conscientes de que el conocimiento las empodera. Las oficinas les han proporcionado información y asesoramiento, evitando preventivamente verse en situaciones de amenaza de su derecho a la vivienda.
En la fase de protección, las personas que demandan este servicio tienen ya la fecha de desalojo, o en ocasiones acuden cuando ya han visto vulnerado su derecho a la vivienda. La Consejería emplea todas las herramientas a su alcance para ofrecer alternativas a estas familias, siempre en colaboración con los ayuntamientos. Los trabajadores del programa las asesoran para realizar la solicitud de viviendas en los registros de demandantes municipales, median ante las entidades financieras o con los juzgados para intentar dilatar los desalojos y colaboran con los servicios sociales de los ayuntamientos para arbitrar soluciones conjuntas.
Con la suma del municipio sevillano de Montellano, son ya 266 los ayuntamientos andaluces que se han adherido mediante convenio al Programa Andaluz en Defensa de la Vivienda, además de las mancomunidades del Alto Guadalquivir y de la Sierra de Cádiz, la Diputación de Huelva y la FAMP. En la provincia de Sevilla esta cifra alcanza los 48 municipios. “El programa ha servido para abrir brecha en el debate social sobre el problema de la vivienda y para articular un bloque institucional contra los desahucios en Andalucía”, ha destacado Cortés.
