El cocinero catalán Ferrán Adrià se ha topado con un imprevisto obstáculo para abrir el Bulli Foundation, una fundación dedicada a la investigación en creación e innovación de la ciencia gastronómica, cuyo emplazamiento ha levantado fuertes críticas por parte de los grupos ecologistas, al entender que se quiere ubicar en el espacio protegido del Parque Natural del Cap Creus.
Para superar las trabas medioambientales, el Gobierno de la Generalitat de Catalunya va a proponer una tramitación legislativa especial que lo declare actuación de interés público de primer orden, de manera que queden superados los aspectos recogidos en una decena de normativas, entre ellas la ley de espacios naturales; la ley de protección del Cabo de Creus, el plan territorial parcial de las comarcas de Girona, el plano director urbanístico costero y el plan general de Roses.
Los ecologistas entienden que cualquier proyecto, público o privado, tiene que respetar la normativa vigente y los cambios legislativos tienen que responder al interés general y no a un caso particular, como entienden sucede en este caso para dar cobertura al proyecto del afamado cocinero.
Y denuncian que el Ejecutivo presidido por Artur Mas se escude en la fama internacional de Adrià para confundir a la población de la necesidad de este proyecto, tramitando por vía directa una ley a medida sin dar ninguna otra opción y sin abrir el proyecto a exposición pública para conocer las consideraciones de la opinión pública.
El Cap Creus es un espacio marítimo-terrestre especial que mereció su declaración por Ley y que incluye Reservas Naturales Integrales, las figuras de máxima protección de la legislación catalana. Es un hecho que, incluso en estas reservas integrales se incumple la ley permitiéndose un cierto uso público (caso del paraje de Tudela, antiguo Club Mediterranee). Por lo tanto, el espacio no admite ya más excepciones y la apuesta por su protección es también una apuesta por el medio ambiente como un recurso natural y de potencial turístico de primer orden.
Detrás del supuesto interés público y de la excepcionalidad de la medida, como sucede también con otros proyectos en marcha como Barcelona World, lo único que hay es un paso más en la dirección de revitalizar un modelo en que priven los intereses económicos particulares por encima del respeto por el medio ambiente, al que los políticos de turno se agarran para vender las excelencias de crecimiento económico y empleo que supuestamente generan.
