Capean el temporal con gastos corrientes reducidos a la mínima expresión, incluso sin empleados, oficinas de lo más discretas y tratando, en algunos casos, de acometer alguna que otra promoción a pesar de las dificultades que supone obtener financiación y, sobre todo, vender las viviendas. Así es el día de esas inmobiliarias que han eludido el concurso de acreedores y que, con el resuello al mínimo, aguardan a que las tornas cambian para volver a recuperar el vuelo.
La mayoría vive única y exclusivamente pendiente de las negociaciones con los bancos para refinanciar sus deudas, tratando de evitar el concurso de acreedores, del que suelen salir liquidadas o con unos convenios imposibles de cumplir por las exigentes condiciones de los planes de pagos.
Dejando a un lado Realia, Vallehermoso (Sacyr) y Colonial, cuyo futuro inmediato pasa por un cambio de manos, Quabit, la empresa presidida por Félix Abánades, se ajusta perfectamente a esta estrategia de supervivencia. Casi dos años después de firmar su último acuerdo de refinanciación, mantiene una deuda de casi 940 millones de euros, y va capeando el temporal con la línea de capital de hasta 90 millones suscrita con el fondo GEM, que le garantiza una mínima estabilidad financiera hasta 2016.
Por lo que a la actividad se refiere, sus ingresos cada vez son menores (solo 26 millones entre enero y septiembre de este año, frente a los 345 millones de hace un año) y provenientes, como entonces, casi en exclusiva de los activos que adquieran las entidades financieras. 193 de las 202 escrituras de compraventa firmadas entre enero y septiembre de 2013 corresponden a operaciones con empresas vinculadas a los bancos acreedores. Como en 2013 estas entidades no han comprado suelo a mansalva, la facturación se ha desplomado.
Onde 2000, presidida por Francisco Hernando, El Pocero, ya no acredita ingreso alguno, y saldó el ejercicio pasado con unas pérdidas de casi 10 millones de euros. Su futuro pasa por la salida airosa de una reclamación ante el Ciadi, organismo internacional de arbitraje, por la que pide 1.000 millones de euros al Gobierno de Guinea Ecuatorial por dejar empantanado un gran proyecto residencial.
En 2011, el grupo Pinar logró reducir su deuda un 30%, hasta 420 millones de euros Entre las pocas que todavía dan beneficios se encuentra Sando, de 1,2 millones de euros en 2012. Aunque los 220 millones pagados en 2007 para comprar Agofer siguen pesando como una losa, el acuerdo de refinanciación firmado hace un año le ha dado margen, toda vez que el pago de su deuda se demora hasta 2017.
