Con los bancos españoles, el Gobierno intenta presionar para que, en la medida de lo posible, se proceda a renegociar los préstamos concedidos a los empresarios de instalaciones de energía renovable, pero con las entidades extranjeras la cosa no resulta tan fácil. No entienden de tejemanejes y si ven que no van a poder recuperar su dinero van directamente a los tribunales con el argumento de que no se pueden cambiar las reglas del juego a mitad del partido.
Ese dinero fue prestado porque había unas concesiones avaladas por el Estado durante 25 años bajo un régimen de primas y no, como recoge la reforma eléctrica, con un nuevo modelo en el que primará la rentabilidad razonable de las instalaciones. El dinero seguro desaparece y con él la imposibilidad de pagar los créditos por parte de los empresarios.
De ahí que las demandas no se hayan hecho esperar. RREEF y Antim, dos sociedades dependientes del Deutsche Bank y de la BNP francesa, respectivamente, lo han hecho a través de sendas demandas interpuestas ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (Ciadi), por entender que las plantas fueron adquiridas bajo los beneficios de un marco regulatorio transparente, estable y atractivo, que garantizaba la venta de su producción. Algo que ahora se pone en duda.
El tema es peliagudo. En números redondos, son unos 75.000 millones los concedidos para poner en marcha estas empresas, en su momento respaldados por las primas. La banca española es tenedora del 65% de los más de 22.000 millones de euros concedidos al sector fotovoltaico. El resto está en manos de banca extranjera. Además, existen otros casi 30.000 millones prestados a los productores de infraestructuras eólicas, termosolares o de cogeneración.
Los créditos medios concedidos para montar una planta fotovoltaica se movían entre los 300.000 y los 600.000 euros, garantizados por la alta rentabilidad y la seguridad jurídica del aval del Estado. La misma que ahora desaparece.
El agujero que se avecina es de calado. Tanto si los bancos se quedan con los parques en dación en pago como si se renegocian los préstamos, el roto es tremendo. En el primer caso, se asumirá directamente una pérdida de lo prestado, y si los créditos se renegocian ocurrirá como con el sector inmobiliario, patada hacia adelante para ganar tiempo aun sabiendo que las nuevas condiciones, mucho más gravosas por el incremento del interés, hará prácticamente imposible que los vencimientos se cubran.
