No van a conseguir nada más allá del derecho al pataleo, pero los productores de renovables se quieren hacer notar. Y lo hacen sabiendo que el proyecto de ley ya ha sido aprobado en el Congreso con el rechazo de las más de 400 modificaciones planteadas y la asunción de algunas enmiendas, las presentadas por el Grupo Popular, relativas a aspectos técnicos de menor interés. El grueso de la ley se envía al Senado para su aprobación definitiva prácticamente igual que como llegó el proyecto a la Cámara Baja.
Por ello, algunos de los afectados han iniciado movilizaciones y campañas para que quede constancia de su rechazo frontal al nuevo marco legal eléctrico. Así, desde la Plataforma por un Nuevo Modelo Energético, de la que forman parte cooperativas de renovables como Som Energía y productores como Ecooo, se ha puesto en marcha una campaña de desobediencia contra las nuevas trabas impuestas para implantar la autoproducción de energías limpias y la subida de los costes fijos del recibo de la luz.
En una primera fase, esta campaña bautizada como ‘Desobediencia’ se basará en una serie de acciones, como el uso de carteles, chapas o pegatinas para dar visibilidad al descontento. Después, estas organizaciones saldrán a la calle para generar electricidad de forma pública con paneles solares y verterla a la red eléctrica.
Desde ‘Desobediencia’ también promoverán la instalación de kits de autoconsumo en las viviendas, de forma colectiva y asumiendo las posibles multas que supone disponer de ellos sin declararlos, que según la última reforma pueden ascender “hasta los 30 millones de euros”.
La autoproducción de energía producida por placas fotovoltaicas tiene unos costes de mantenimiento muy reducidos, pero requiere una inversión inicial que se debe amortizar.
Las trabas administrativas, la imposibilidad de utilizar los excedentes vertidos a la red para compensar parte del consumo comprado en el mercado cuando las placas no producen suficiente energía, la imposición del peaje de respaldo y la obligatoriedad de instalar un contador adicional, son asuntos que provocan un descenso de la rentabilidad hasta hacer inviables estos proyectos.
Entre las modificaciones introducidas, la que establece que la retribución de las actividades reguladas se fijará cada seis años, pero que estos periodos tendrán una revisión intermedia a los tres años para evitar posibles desajustes.
