La consejera de Fomento y Vivienda, Elena Cortés, ha destacado en comisión parlamentaria que la Ley de Medidas de Flexibilización y Fomento del Mercado del Alquiler, en vigor desde el 6 de junio, "supone un nuevo golpe al derecho a la vivienda por parte del Gobierno central, ya que debilitará aún más la posición de los inquilinos, ante los arrendatarios, criminalizará los impagos por razones de necesidad y facilitará los desahucios exprés".
Cortés ha subrayado que "en el actual contexto de crisis, los desalojos por impago de la hipoteca y de la renta de alquiler son dos caras de una misma moneda, con lo que se ahonda en la idea de la vivienda entendida como simple mercancía", una consideración que, según ha matizado, "se combate en Andalucía". "Esta norma modifica la legislación de arrendamientos urbanos y la de enjuiciamiento civil sin tener en cuenta la condición socio económica de los inquilinos", ha criticado.
La consejera ha asegurado que, desde el observatorio privilegiado que suponen las oficinas del Programa Andaluz en Defensa de la Vivienda, "rechazamos la Ley aprobada, que con el pretendido objetivo de flexibilizar y fomentar el mercado del arrendamiento tan sólo provocará el crecimiento de la especulación inmobiliaria, concediendo enormes ventajas fiscales, financieras y legales a las entidades financieras e inmobiliarias".
Elena Cortés ha repasado las implicaciones de esta ley, destacando tres medidas que "afectan a la seguridad jurídica de los inquilinos y que suponen más recorte de derechos para la mayoría social". En ese sentido, ha criticado que la nueva legislación reduce de cinco a tres años el contrato de alquiler y facilita los "incrementos ilimitados de la renta". "Cada tres años se podrá, además, cancelar el contrato de alquiler sin tener que justificar la necesidad de recuperar la vivienda, provocando una gran inseguridad para las unidades familiares, ya que difícilmente podrán establecerse en un hogar más allá de periodos de tres años", ha añadido.
Asimismo, ha denunciado que la reforma desvincula la actualización de la renta del aumento del IPC y prevé que arrendador y propietario decidan "libremente" qué criterio aplicar. Por otro lado, el documento "permite los desahucios por impago de un sólo mes de alquiler y crea un registro de morosos que vulnera el derecho a la intimidad y la protección", ha indicado para añadir que "condenará a las personas afectadas a la exclusión habitacional y será un paso más en la criminalización de las personas afectadas por la crisis".
La titular de Fomento y Vivienda también se ha referido a la modificación que la nueva norma hace de la Ley del Enjuiciamiento Civil, asegurando que "con ello se pretende reducir la intervención judicial al mínimo imprescindible, un paso más en el recorte de derechos a quienes se encuentran en situación de vulnerabilidad". Con estas modificaciones, tal y como ha destacado, "se consagra así lo que ha venido en llamarse el "desahucio express". A su juicio, "se agilizan los desahucios a costa de las garantías de los inquilinos, pareciendo obviar la situación en la que se encuentran muchos hogares españoles y sin que se contemple ninguna medida para cuando se trate de arrendamiento destinado a vivienda habitual y el impago obedezca a la situación de desempleo de los miembros de la unidad familiar".
Además, ha dicho que "tampoco establece ninguna diferencia entre los impagos que afectan a grandes propietarios y entidades financieras, y los impagos de alquiler que repercuten en pequeños propietarios", denunciando a su vez que "la Ley establece privilegios inaceptables para los grandes grupos económicos y financieros que especulan con este bien de primera necesidad, a quienes se privilegia con importantes deducciones fiscales".
