La Junta de Andalucía ha ofrecido diálogo y colaboración a la Unión Europea para explicarle sin intermediarios el Decreto Ley de Medidas para Asegurar el Cumplimiento de la Función Social de la Vivienda. El portavoz del Ejecutivo autonómico, Miguel Ángel Vázquez, ha lamentado que el Gobierno central empleara una estrategia partidista al informar del envío de una carta por parte de Bruselas para alertar contra la citada normativa, una misiva que fue desmentida por el portavoz de Asuntos Económicos de la Comisión Europea, Simon O'Connor. En este sentido, Vázquez ha expresado la disponibilidad de la Junta para ofrecer toda la información que quiera la UE, pero sin intermediarios que vengan a enredar.
Por todo ello, ha criticado que el Gobierno haya lanzado mentiras al apuntar a una carta que no existía y advertir de que se ponía en cuestión el decreto andaluz, pese a que se trata de un texto plenamente constitucional que da respuesta a un asunto trascendente para los ciudadanos como es el de los desahucios.
"Se ha intentado hacer un uso partidista de la UE, en una estrategia política del Gobierno para generar alboroto", ha destacado Miguel Ángel Vázquez, que ha denunciado que esto debilita más su imagen ante los ciudadanos de España. El portavoz sí ha confirmado una próxima visita rutinaria de la 'troika' (Banco Central Europeo, Fondo Monetario Internacional y Comisión Europea) para estudiar distintos asuntos de interés para el país, entre los que se encuentra el impacto del decreto andaluz.
Vázquez ha recordado que ha sido un portavoz de la UE quien ha tenido que dar explicaciones a este respecto, en vez de un representante del Gobierno de España, y ha expresado la intención de la Junta de reunirse con la UE las veces que haga falta para analizar la normativa.
Ha precisado también que Andalucía ya ha realizado alguna gestión con el Gobierno para abordar este asunto, que se va a tratar en una doble dirección. "Estamos dispuestos a hablar con quien quiera hablar", ha asegurado el portavoz autonómico, que ha defendido la colaboración entre administraciones.
Finalmente, ha confiado en que el Ejecutivo de la nación no recurra el decreto ley, que se tramita como ley en el Parlamento andaluz y, previsiblemente, se aprobará en tiempo y forma. Recurrirlo sería, en palabras del portavoz, una medida tremendamente impopular, ya que atiende una de las principales preocupaciones de los ciudadanos junto al paro.
"No hay argumentos jurídicos que sustenten el recurso, aparte de la estrategia de no permitir que haya comunidades que hagan políticas diferentes a las del Gobierno", ha concluido.
