La propuesta del Consejo General de Colegios de Administradores de Fincas de España (CGCAFE) establece que el adquirente de cualquier título de una vivienda o local en régimen de propiedad horizontal, responda con el propio inmueble adquirido de las cantidades adeudadas a la comunidad de propietarios para el sostenimiento de los gastos generales por los anteriores titulares hasta el límite de los que resulten imputable a la parte vencida de la anualidad en la cual tenga lugar la adquisición y a los cinco años naturales inmediatamente anteriores.
Esta propuesta del Consejo General tiene como objetivo solucionar el creciente problema de morosidad que están sufriendo gran parte de las Comunidades de Propietarios. Según estimaciones del CGCAFE, las entidades financieras adeudaban, a finales de 2012, 256 millones de euros a las comunidades de propietarios, lo que conlleva que los propietarios que ya están sufriendo la dureza de la crisis tengan que realizar aportaciones económicas extraordinarias para mantener el funcionamiento de sus edificios.
Lourdes Ciuró informó que CIU impulsaría “las modificaciones normativas pertinentes para garantizar el pago de las deudas existentes con la comunidad de propietarios en el momento de la ejecución hipotecaria, con el fin de garantizar el pago de las obligaciones económicas que afectan a los propietarios de inmuebles y especialmente de aquellas entidades que hayan adquirido la propiedad a través de un proceso de ejecución hipotecaria”.
Salvador Díez, presidente del Consejo General, explicó las razones por las que consideraban que este plazo de cinco años es el más adecuado, “dado que desde que se inicia el procedimiento de desahucio hasta que el inmueble se adjudica a la entidad financiera se pueden alcanzar los cuatro o cinco años, y eso, siempre que la entidad financiera registre los inmuebles inmediatamente después de serles adjudicados, que nos estamos encontrando también con dificultades a la hora de realizar las reclamaciones por esta falta de inscripción registral”.
El secretario del Consejo General, Rafael del Olmo, expuso la preocupación máxima de los administradores de fincas ante el anuncio de la aprobación de la futura ley de servicios profesionales anunciada por el Gobierno, “que dejaría totalmente desprotegidos los intereses de consumidores y usuarios en materia de vivienda, un derecho constitucionalmente reconocido. Hay muchas razones por la que la colegiación debiera de mantenerse para los administradores de fincas, entre ellas que muchas de las leyes que aprueban los distintos gobiernos en materia de vivienda, necesitan, para su óptima implantación, del trabajo profesional de los administradores de fincas colegiados”.
A este respecto Pere Macías, también portavoz en la Comisión de Fomento por CIU, respondió que el Grupo Parlamentario de CIU no es partidario de la desregularización de las profesiones colegiadas, “porque recogen las necesidades, los problemas sociales, nos los transmiten y funcionan en defensa de los intereses de los consumidores y usuarios. Sería una gran irresponsabilidad no aprovechar la experiencia que ya llevan acumuladas los colegios profesionales en defensa de los ciudadanos”.
El CGCAFE considera que, en una sociedad moderna, los Colegios Profesionales realizan una función esencial organizando, impulsando, descubriendo y proponiendo iniciativas de mejoras en el sector que representan basadas en la experiencia del día a día y en la especialización de sus profesionales, que son canalizadas y presentadas a las instituciones públicas a través de los Colegios que los representan. Son, por tanto, la voz de la sociedad civil organizada.
