Madrid. Con el nuevo panorama macroeconómico que acaba de dibujar el Gobierno para los próximos tres o cuatro años, el dato de que no va a ser posible la creación de empleo conlleva tras de sí una indirecta consecuencia, la de que la inversión pública, caladero de creación de puestos de trabajo, quedará reducida a la mínima expresión. Lo justo para mantenimiento y conservación de infraestructuras y poco más. Así que las peticiones del sector de la construcción tienen toda la pinta de caer en saca roto.
Lo que se avecina, pues, para los próximos años es lo que ya ocurrió el pasado ejercicio, cuando buena parte de los casi 20.000 millones de euros de reducción del gasto público recayó en la inversión pública.
Efectuado el desglose del gasto público efectuado el pasado año, se puede ver cómo el dinero destinado a obra pública, transporte, saneamiento o equipamientos se redujo un 36% respecto al aportado en 2011. Porcentaje equivalente a casi 14.000 millones menos y que representó el 70% de la partida de gastos. Es lo más fácil. Se trata de una medida que no conlleva una reducción estructural del gasto público ni supone redimensionar el tamaño del Estado.
No obstante, a pesar de estos recortes en partidas directas de inversión, el sector público sigue gastando casi 4.000 millones más que en 2008 y hasta 40.000 millones extra si se compara con 2007, en pleno auge inmobiliario. Asimismo, en términos reales, el gasto total sigue superando los niveles de 2006, en la cima de la burbuja. Aún excluyendo los intereses de la deuda, el gasto registrado en 2012 seguiría superando, en términos reales, al de hace seis años.
O sea, que los escasos recortes aplicados por el Gobierno se concentran en inversión pública, y si excluimos el coste de la recapitalización bancaria, la inflación y hasta los intereses de la deuda, el gasto de las administraciones públicas supera los niveles alcanzados en 2007 y 2006, los años de mayor crecimiento económico.
A la hora de ver la evolución de los ingresos y gastos no financieros del sector público, se observa que el gasto público se situó en 455.000 millones en 2012, casi 20.000 millones que un año antes, mientras que los ingresos rozaron los 381.000 millones, casi 3.000 millones más.
Está claro que aquí hay algo que no cuadra, y que, además de recortar inversión, la tijera se debe aplicar a otras muchas partidas, aunque ello conlleve mayor desempleo. El hecho de que el Gobierno dé por hecho que no se va a crear empleo neto hasta, como poco, el año 2016, va en esa línea.
