Madrid. Lo de Andalucía, ese decreto que busca expropiar viviendas a bancos e inmobiliarias e imponer sanciones por tener los pisos vacíos durante demasiado tiempo, no es algo completamente novedoso, porque expropiaciones a bancos ya se han producido.
Que se lo digan a Bankia, quien ha visto cómo a Cisa (filial), filial de Bancaja, le han abierto expedientes en Alcira. El Ayuntamiento de esta localidad valenciana, harto de acumular impagos de cuotas urbanísticas por parte de CISA, decidió tomar cartas en el asunto. Y vaya si las ha tomado.
De momento, son medio centenar de viviendas las que se pretenden expropiar para cobrar las deudas. De los 14 expedientes abiertos, cuatro ya se han saldado con la inscripción de las viviendas en el Registro Municipal de Solares. El objetivo de esta expropiación es que las casas se rehabiliten, a través del Plan Alzira Social, para seguidamente ponerlas en régimen de alquiler social a familias desahuciadas.
La base legal que permite expropiar es el mal estado y el deterioro en las condiciones de habitabilidad, que generan problemas en el vecindario, y se lleva hasta las últimas consecuencias la ley urbanística valenciana que obliga a los propietarios a mantener las casas en buenas condiciones. Si los bancos no rehabilitan por las buenas, el Ayuntamiento lo realiza de manera subsidiaria, cuantifica la intervención y registra la propiedad en el registro municipal de solares.
Una vez que registran los pisos a nombre del Ayuntamiento, el paso siguiente es tasar el inmueble para su expropiación y descontar de esta cantidad el precio de la rehabilitación y las deudas de tributos municipales, y se inscribe en el Registro de la Propiedad.
El Plan Alzira Social lleva aparejado un plan de empleo que dará trabajo a cerca de 20 vecinos parados del sector de la construcción. Tras la rehabilitación, los servicios sociales del Ayuntamiento seleccionarán a las familias y pondrán los inmuebles a su disposición con una cuota mensual de entre 50 y 60 euros.
En una primera fase, el plan se ha circunscrito a un barrio determinado, con problemas de envejecimiento de la población. Y el objetivo es que, tras la rehabilitación y la adjudicación de las viviendas en alquiler social a familias jóvenes, se acometa la revitalización del entorno urbanístico con un conjunto de actuaciones.
