Madrid. El Juzgado de lo Mercantil número 6 de Madrid ha abierto el plazo, hasta el próximo 6 de mayo, para que los acreedores del concursado pongan en conocimiento de la administración concursal la existencia de sus créditos en la forma y con los datos expresados en el artículo 85 de la Ley Concursal, según consta en el anuncio publicado en el Boletín Oficial del Estado del 4 de abril de 2013. El pasado 19 de febrero, y ante el rechazo de la banca a refinanciar su deuda, Reyal Urbis presentó el concurso de acreedores.
Lo podrán hacer, no al juzgado, sino por correo ordinario o bien a través de representante, o en cualesquiera de los medios admitidos en derecho directamente en el domicilio de la administración concursal, bien a la Agencia Tributaria o a BDO Auditores (paseo de Recoletos n.º 37-41 28004 Madrid, o por correo electrónico: admon.reyal@bdo.es).
El Juzgado ha acordado, asimismo, que el deudor conserva las facultades de administración y de disposición de su patrimonio, pero sometidas éstas a la intervención de la administración concursal.
De acuerdo con el auto de declaración del concurso, la inmobiliaria arrastra un pasivo inicial de 4.345,4 millones y un activo de 2.621,3 millones, lo que arroja un déficit patrimonial de 1.724 millones de euros. Además de la deuda financiera que tiene contraída la sociedad con las entidades financieras por 3.613 millones, la principal entidad acreedora de la inmobiliaria es la Sareb, con cerca de 700 millones de euros –de los que 650 millones corresponden a Bankia y a NCG–.
Al margen de su pasivo financiero, la inmobiliaria debe además cerca de 370 millones a la Agencia Tributaria, mayoritariamente en concepto de IVA, y 215 millones al Instituto de Crédito Oficial (ICO). Asimismo, se incluyen cerca de 140 millones en deudas con proveedores.