Madrid. Se supone que España, como país, todavía no ha sido rescatado, que solo se han recibido esos algo más de 40.000 millones de euros para ver si, de una vez por todas, se logra sanear el maltrecho sistema financiero, pero cada vez que tienen ocasión el trato que nos dispensan desde Bruselas se asemeja mucho al que dan a Portugal, Grecia o Irlanda.
Y es que a la vista de las últimas recomendaciones –ya se sabe que viniendo de donde vienen más que recomendaciones son, en la práctica, casi un mandato– si no son de país rescatado que venga Dios y lo vea. Dulce, ‘light’, poco a poco para que no se note tanto, pero rescate en toda regla.
Lo han hecho esta vez en la presentación del informe sobre la marcha del programa de rescate del sector financiero español, sobre la base de los datos facilitados por los inspectores que estuvieron en Madrid hace algo más de un mes.
Dicen que la subida del IVA es la correcta, pero que se puede ir un poco más allá, especialmente en la subida de tipos en lo que a impuestos medioambientales, especialmente a los carburantes, se refiere.
Tampoco se salvan del punto de mira las pensiones. Ya saben, esas que el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, dijo que sería lo último que se tocaría –solo le faltó decir que salvo que lo hcieran por encima de su cadáver–. Pues bien, los tecnocrátas del norte de Europa vuelven a insistir en que hay que reformarlas para introducir un factor automático de sostenibilidad para, o bien retrasar la edad de jubilación, o bien reducir la prestación a medida que aumente la esperanza de vida. Una u otra medida sería básica para controlar el recurrente déficit en el sistema de Seguridad Social.
Otro aspecto en el que dan un tirón de orejas al Gobierno y le insinúan la necesidad de modificar la estrategia seguida hasta ahora se relaciona con el déficit de tarifa eléctrico. “Un pasivo contingente considerable para el presupuesto, así como riesgos macroeconómicos no despreciables”, aseguran tras ver como se fue hasta los 5.000 millones en 2012, triplicando ampliamente los 1.500 millones previstos inicialmente. Un déficit, por cierto, que acumula ya casi los 30.000 millones.
El informe también insta al Ejecutivo español a implementar las medidas que el propio Gobierno anunció en noviembre de 2012 de cara a reducir la dependencia de las empresas de la financiación bancaria, con una mejora del acceso de las pymes a los mercados de capitales y a la inversión en capital riesgo.
