Madrid. Diversos municipios del sur de la Comunidad de Madrid han visto cómo el fenómeno de la ocupación ilegal de viviendas se expande de manera progresiva. El asunto no es menor, sobre todo porque las personas que están ocupando sus viviendas son familias con hijos que ya no tienen otro sitio donde ir.
No se trata ya de puntuales actos de vandalismo por parte de colectivos que solían dar la patada para instalarse y causar un sinfín de destrozos, tanto en la vivienda ocupada como en el resto de las instalaciones comunes del inmueble. Ahora, esas familias incluso están dispuestas a negociar el pago de alguna cantidad a la propiedad a cambio de tener un techo en el cobijarse.
El mapa de esta ocupación ilegal se extiende sin remedio. Getafe, Navalcarnero, Parla o Valdemoro son algunas de estas localidades donde se ha tenido constancia del auge de etas ocupaciones. Alguna de ellas tan sorprendente como la del complejo residencial “Altos del Infante”, donde se sabe de quién son los adosados, pero no existe el más mínimo rastro, con lo cual resulta imposible presentar una demanda contra los ocupantes.
Por 360.000 euros Castellana Orbis te quita la preocupación de buscar casa en Valdemoro, se comentaba en un reportaje publicado, en mayo de 2008, en una publicación local de esta localidad situada en la zona sur de la Comunidad de de Madrid.
Cinco años después, medio centenar de los adosados de “Altos del Infante” se encuentran ocupados de forma ilegal por familias de Valdemoro que han sido desahuciadas de sus casas. De la promotora, de origen peruano, no se sabe nada. Se desatendió de la promoción hace años con solo tres de los 53 chalés vendidos.
La ‘colonia ocupada’ de Valdemoro se construyó en dos fases: 19 viviendas se terminaron en 2008 y otras 39, en 2010, según el Ayuntamiento de Valdemoro. La promotora solo vendió tres de los inmuebles y los demás quedaron vacíos. "Al principio, los adosados se llenaron de pandillas juveniles que hacían fiestas y vendían droga, y ladrones que entraban a robar inodoros, cables o ventanas", cuentan fuentes municipales.
Los ocupantes, de momento, no deben temer un desalojo inminente. Para ello, el propietario tendría que denunciar la ocupación ilegal y un juez debería ordenar el desalojo. De Orbis Castellana no se sabe nada. Hace dos años que no presentan sus cuentas ante el Registro Mercantil.
