Madrid. El coste de un mayor consumo energético, la disminución de las reservas de combustibles fósiles y el efecto de las actividades humanas en el cambio climático mundial han impulsado las últimas políticas de eficiencia energética. Desde 2000, la Unión Europea, a través de los fondos de su Política de Cohesión, ha asignado casi 5 000 millones de euros a la cofinanciación de estas medidas en los Estados miembros. La Comisión Europea y los Estados miembros son responsables de la buena gestión financiera de dichos fondos.
El Tribunal de Cuentas Europeo evaluó la rentabilidad de las inversiones en eficiencia energética de la Política de Cohesión, y observó que los objetivos y los proyectos seleccionados para su financiación no eran racionales en términos de rentabilidad, o sea, de su coste por unidad de energía ahorrada.
Si bien los objetivos consistían en ahorrar energía y aumentar el bienestar, los proyectos no se seleccionaron por su potencial para producir beneficios financieros mediante el ahorro de energía, sino que los edificios se consideraban “preparados” para recibir financiación si necesitaban una renovación y su documentación cumplía los requisitos.
Según Harald Wögerbauer, Miembro del Tribunal de Cuentas responsable del informe, “ninguno de los proyectos que examinamos incorporaba una evaluación de las necesidades o siquiera un análisis del potencial de ahorro energético en relación con las inversiones”, “los Estados miembros empleaban estos fondos fundamentalmente para renovar edificios públicos y la eficiencia energética constituía, todo lo más, una preocupación secundaria”.
El plazo medio previsto para la amortización de las inversiones era de unos 50 años, y de hasta 150 años en algunos casos. Esto significa que los fondos no se gastaron de manera razonable, ya que la vida útil de los componentes renovados y de los propios edificios es más corta, de modo que, desde el punto de vista de la eficiencia energética, pueden considerarse perdidos.
