Sevilla. El presidente de la Junta de Andalucía, José Antonio Griñán, ha inaugurado las Jornadas sobre la Ley Hipotecaria en Andalucía reclamando medidas inmediatas para frenar los desahucios y regularizar los procesos ejecutivos de las hipotecas, preservando el derecho a la vivienda que recoge la Constitución.
Para el presidente de la Junta, es el momento de abrir un debate institucional y social para erradicar prácticas abusivas porque lo que no entienden los ciudadanos de ninguna manera es que los mismos bancos que están llevando a cabo miles de ejecuciones hipotecarias sean auxiliados por el Estado cuando tienen problemas de deudas.
El Gobierno andaluz ha puesto en marcha el Programa en Defensa de la Vivienda, que recoge medidas de asesoramiento, intermediación y protección para combatir los desahucios, abierto a la participación de ayuntamientos, diputaciones, entidades financieras, colegios profesionales y movimientos sociales, que ha incluido la apertura de oficinas de intermediación.
La Junta ha paralizado los lanzamientos de desahucio del parque de viviendas público autonómico y, ya en abril de 2011, el Parlamento andaluz aprobó una Proposición no de Ley reclamando que la dación en pago fuera suficiente para saldar la deuda de la hipoteca.
Para el presidente, el Real Decreto-Ley del Gobierno central “no resuelve el problema de fondo al mantener deudas perpetuas con los bancos, fruto de cláusulas abusivas” y además “excluye a la mayoría de los afectados”.
“Es imprescindible una reforma que equilibre los derechos de los deudores hipotecados respecto de los derechos de las entidades financieras”, ha remarcado el jefe del Ejecutivo andaluz, que ha incidido igualmente en que “España es el único país de su entorno que no tiene una Ley de insolvencia o de segunda oportunidad” para las personas físicas.
Para Griñán, entre las reformas que hay que poner en marcha están la articulación de procedimientos alternativos a la vía judicial y concursal, la modificación del procedimiento de subastas para evitar situaciones abusivas o la mayor exigencia de independencia a las sociedades de tasación. Se trata, en suma, de una reforma de alcance para atajar el sobreendeudamiento y los desahucios.
