Madrid. El pasado 30 de junio venció la última moratoria del Gobierno que permitía a bancos, empresas promotoras y demás tenedores de suelo no cumplir con la vigente Ley de Suelo de 2007.
Ahora, vencida esa moratoria y, al no prorrogarse por cuarta vez, ya no existe motivo alguno para que esos millones de metros cuadrados de suelo sin urbanizar se tengan que valorar a precios de mercado, al cumplirse los cinco años de la entrada en vigor del referido marco legal.
“De no existir previsión expresa sobre plazos de ejecución en el planeamiento ni en la legislación de ordenación territorial y urbanística, se aplicará el de cinco años”, recogía la nueva redacción al apartado 2 de la Disposición transitoria tercera del Texto Refundido de la Ley del Suelo de 2008, recogida en el Real Decreto-ley que se publicaba en el Boletín Oficial del Estado del pasado 31 de diciembre de 2011.
Pero, en esta ocasión no se produjo el alargue, y las consecuencias del mismo se tendrían que percibir en las cuentas del tercer trimestre, salvo que el Ejecutivo presidido por Mariano Rajoy tome una medida ‘in extremis’ y con carácter retroactivo.
De no hacerlo, el panorama resulta dantesco al tener que contabilizar en los balances millones de metros cuadrados a un precio de compra, en su momento inflado ante las expectativas de negocio que se vislumbraban, y que ahora, en muchos casos, tiene un valor cercano a cero, porque ni existen perspectivas para su desarrollo ni ningún potencial comprador, en el caso que lo hiciera, pondría ni de lejos la cantidad inicialmente pagada, y, en muchos casos, ni siquiera un precio próximo al establecido tras las provisiones realizadas como reconocimiento de pérdidas.
Está por ver el camino que finalmente se toma. Si habrá un ‘banco malo’ para todos los activos o solo para el suelo o si se seguirá el criterio de que las entidades con más activos problemáticos vayan quedando en manos de entidades capaces de llevar a cabo la integración, con un buen respaldo de fondos públicos.
Lo que sea menos aplicar, de la noche a la mañana, el precepto legal que obligaría a tasar esos activos que las entidades financieras sieguen contabilizando, de forma irreal, por unos aproximadamente 50.000 millones de euros, o los que acumulan en su seno las compañías inmobiliarias por otros 30.000 millones, que llevan camino de acabar en el mismo sitio a través de las operaciones de dación de pago impuestas en los procesos de refinanciación de deuda financiera.
