Madrid. La semana pasada, los administradores de fincas ponían un dato encima de la mesa, que en el 22% de las comunidades de propietarios españolas existía morosidad por el retraso en el pago de las cuotas. Ahora, ya se conoce también el agujero de esos impagos. Eran más de 1.350 millones de euros al cierre del pasado ejercicio. Una cifra que irá en aumento en 2012 para superar, sin duda, los 1.500 millones de euros.
Según el informe del Observatorio de la Morosidad el incremento nacional fue del 31,2%, coincidente con el registrado en la Comunidad de Madrid, lo que supuso, para esta región, cerrar el pasado ejercicio con una deuda superior a 375 millones de euros en 2011, con un periodo medio de cobro por parte de las comunidades de casi cinco meses.
El estudio, presentado por el Colegio de Administradores de Fincas de Madrid, también ha analizado el porcentaje de deuda que se abona en fase extrajudicial (amistosa), que ha descendido en un 17,53% con respecto al último semestre de 2010 (suponía un 38,02% del total de la deuda pendiente de cobro). “Este dato es consecuencia directa de la situación económica, cuyo empeoramiento parece no tocar fin, lo que hace dilatar aún más el pago por parte de los vecinos morosos”, ha destacado José Juan Muñoz, director del programa de lucha contra la morosidad en comunidades de propietarios.
A lo anterior deben unirse las principales causas de una deficiente gestión de la morosidad: retrasos en la reclamación por falta de recursos, defectos formales que dificultan la iniciación del procedimiento (por ejemplo ausencia de firmas en todas las páginas del escrito de reclamación), certificaciones deficientes, defectos de notificación, o ausencia de documentación. Este problema está presente en el 86% de las comunidades de propietarios que carecen de administrador o no cuentan con un administrador de fincas profesional.
El informe distingue diversos grupos de morosos: el 40% son selectivos, el 22% son “morosos profesionales”, un 26% de insolventes reales y un colectivo heterogéneo formado por entidades financieras y promotores inmobiliarios, que representa el 12%.
