Madrid. Ni en la anterior legislatura, ni tampoco en ésta. La mayoría de los partidos políticos representados en el Congreso de los Diputados sigue sin estar por la labor de que la dación en pago o cancelación de la hipoteca con la entrega de la vivienda se regule legalmente. De forma, que, de momento, el asunto quedará a lo que tengan a bien disponer las entidades financieras.
“Hay que evitar un problema mayor que el que intentamos solucionar”, señalaba la diputada del PP Irene Garrido Valenzuela para posicionarse en contra de la moción presentada por Izquierda Plural y dejar entrever que la medida podría menoscabar los balances de las entidades financieras, justo en este momento en que se están dando los primeros pasos para afrontar la reordenación de este sector.
Desde el PSOE, que se abstuvo, se anunciaba la próxima presentación de un proyecto de ley de insolvencia personal para evitar que todos los riesgos recaigan en los ciudadanos y sean compartidos por las entidades bancarias, mediante el establecimiento de una moratoria de dos años en el pago de las cuotas y que se suspendan los embargos y desahucios de personas sin recursos.
Y en esa misma línea se posicionaba UPyD, grupo que también anunciaba un proyecto de ley sobre la dación en pago con el fin de evitar la exclusión social y, además, buscar alternativas como la mediación de los jueces entre bancos y particulares, para resolver los problemas generados por las deudas hipotecarias.
