Palma de Mallorca. El Decreto ley de medidas urgentes para la ordenación urbanística sostenible, aprobado por el Consejo de Gobierno, es una norma dirigida a dar seguridad jurídica y agilizar los procedimientos. A lo largo de los 4 capítulos que la componen, con 16 artículos, 6 disposiciones adicionales y 2 transitorias, este Decreto-ley fija una nueva regulación del suelo urbano y urbanizable, define claramente ambas clases de suelo y fija un nuevo régimen de cargas a partir de la normativa estatal.
Además, establece una serie de determinaciones dirigidas a mejorar, de manera inmediata, la eficacia de las administraciones competentes y la utilización del suelo, compatibilizando el desarrollo social y económico con la sostenibilidad ambiental.
Los ejes fundamentales del nuevo Decreto Ley, que entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el BOIB y que en breve se remitirá al Parlamento para su convalidación, son lograr una mayor seguridad jurídica, más eficacia administrativa y una importante vertiente municipalista, ya que se pretende facilitar la gestión municipal o dar herramientas eficaces en cada municipio para que pueda desarrollar su modelo urbanístico dentro de los márgenes del plan territorial de cada isla.
Con esta nueva normativa, el Gobierno de las Islas Baleares pretende dar una respuesta decidida a la dispersión y confusión normativa que en los últimos años se ha agravado y que ha conducido a una rigidez procedimental en nuestra comunidad autónoma, que ha provocado una parálisis de esta función pública. Un caso paradigmático de esta situación es el de la Ley 4/2008, de 14 de mayo, de medidas urgentes para un desarrollo territorial sostenible en las Islas Baleares, que fue objeto de modificaciones al poco tiempo de haberla promulgado y que aún presenta problemas importantes. Este Decreto Ley deroga los primeros 8 artículos de la Ley 4/2008.
